Fuckland

Ezequiel Fernández Moores
La última vez que fue anfitriona de Juegos Olímpicos, en 1948, Londres no invitó a la competencia a Alemania y a Japón, las potencias derrotadas en la Segunda Guerra Mundial. El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el sueco Sigfrid Edstrom, escribió enojado a Lord Burghley, sexto marqués de Exeter, secretario general del Comité Organizador de los Juegos del 48: "Me sorprende vuestra actitud. La guerra terminó hace tres años y nosotros, gente del deporte, deberíamos mostrarle el camino a la diplomacia". Londres no se conmovió. Al conde Michimasa Soyesima, miembro japonés del COI, le recordaron que ningún ciudadano podía abandonar Japón bajo las reglas de la Ocupación. Tampoco hubo perdón para Alemania. Miles de soldados nazis permanecían en Londres como prisioneros de guerra. Fueron mano de obra en la construcción de rutas. Al prisionero Helmut Bantz, que ganaría el oro olímpico en Melbourne 56, le tocó una tarea más agradable: entrenó al equipo británico de gimnasia. El duque de Mecklenburg, miembro alemán del COI, recibió en cambio un no rotundo. Sucedió hace 64 años. Londres, que será otra vez sede olímpica a partir de julio próximo, dice ahora junto con el COI que "la política no debe intervenir en los Juegos".




La política, es obvio, jamás estuvo fuera de los Juegos. Astilo de Crotona, campeón en las carreras de carros en los años 484 y 480 a.C., era publicidad para el tirano Gelón, de Siracusa, que lo había contratado. Un estadista más democrático como Alcibíades usó sus triunfos para ganarse la confianza de los atenienses. Los primeros Juegos de la era moderna, en Atenas 1896, que Francia amenazó boicotear, sólo pudieron realizarse gracias a un oportuno cambio de gobierno en la empobrecida Grecia y a las ambiciones políticas del príncipe Constantino. El primer conflicto netamente político estalló en los Juegos de Estocolmo 1912, cuando las monarquías aliadas del imperio austrohúngaro por un lado y Rusia por el otro impusieron sus banderas ante triunfos de atletas de las anexionadas Bohemia y Finlandia. En la siguiente edición de Amberes 1920, a pedido británico, no fueron invitadas las potencias derrotadas en la Primera Guerra Mundial: Alemania, Austria, Bulgaria, Hungría, Turquía, Rumania y Polonia. París, por orden del Barón de Coubertin, organizó otra vez los Juegos en 1924. No invitó a Alemania. La edición de Los Angeles 1932 impuso la ejecución de los himnos para los atletas vencedores. Y la de Berlín 36, se sabe, fue un festival ario. El COI atribuyó a "maniobras de judíos y comunistas" las primeras denuncias sobre el nazismo y los reclamos para sacarle la sede a Berlín. Jamás se arrepintió del regalo que hizo a Hitler.



Los Juegos de Londres 48, los primeros en paz tras la Segunda Guerra Mundial, mantuvieron el recorrido de la antorcha olímpica, pese a que el rito había sido iniciado por la Alemania nazi. No fue fácil. Grecia, punto de salida de la antorcha, estaba en guerra civil. El gobierno inglés, que iniciaba la nacionalización del ferrocarril, gas, electricidad, carbón y acero y creaba el Servicio Nacional de Salud, impuso unos Juegos austeros. Delegaciones extranjeras llevaron sus comidas y hasta sus toallas. Los Juegos tuvieron un presupuesto, a dinero de hoy, de 2,2 millones de libras. La BBC pagó 1000 libras por derechos de transmisión. Cada patrocinador, de Coca-Cola a Guinness, aportó 250 libras. La prensa era crítica. El cricket y las carreras de perros recibían casi más atención que la preparación de los Juegos. "Lo importante en los Juegos -decía una inscripción en Wembley el día de la inauguración- no es ganar sino competir. Lo esencial en la vida no es conquistar, sino pelear bien." El rey Jorge VI no tartamudeó al pronunciar el breve discurso de apertura, ante más de 80.000 personas. Estaba rodeado de varios de los mismos dirigentes del COI que doce años antes compartían palco con Hitler, incluido el estadounidense Avery Brundage, que, según cuenta Janie Hampton en el libro The Austerity Olympics, seguía enviándoles comida a los jerarcas nazis condenados en Nuremberg. Ese mismo estadio de Wembley saludó el 7 de agosto al ganador del maratón, el argentino Delfo Cabrera, un humilde bombero del pueblo santafecino de Armstrong, a quien Juan Domingo Perón premió con una casa en Sarandí. El regalo equivalía a "profesionalismo". No lo dijo el COI de Brundage. Sí los golpistas de la Revolución Libertadora de 1955.



Los boicots iniciados en los Juegos de Melbourne 56 y agudizados en Moscú 80 y Los Angeles 84, la matanza de atletas israelíes en Munich 72 y la sede asignada a Pekín en 2008 fueron episodios políticos que también marcaron al deporte olímpico. Pero hay una imagen que prevalece por sobre todas: el podio del Black Power de México 68 que costó la expulsión de por vida a los atletas estadounidenses John Carlos y Tommie Smith. El mismo COI que nada había dicho sobre los saludos nazis y fascistas de Juegos previos sí consideró "político" el puño enguantado del "Poder Negro". Seis meses antes había sido asesinado Martin Luther King. ¿Temerá el deporte olímpico una rebeldía similar para Londres 2012? La Argentina provocó problemas al COI desde su mismo origen. Los dos primeros miembros expulsados del COI son argentinos. A José Benjamín Zubiaur, un notable educador y abogado, miembro fundador en 1894, el COI de aristócratas lo echó en 1907 porque el entrerriano, sin fortuna personal, no viajaba a las reuniones en Europa. Su sucesor, Manuel Quintana, hijo del presidente homónimo y residente en París, duró apenas tres años. El COI lo echó porque la Argentina desoyó advertencias y organizó en 1910 los "Juegos del Centenario", una marca que el olimpismo ya consideraba exclusiva. El COI que estos días advirtió a la Argentina por el spot de Malvinas ya no tiene a los condes y príncipes de los orígenes. Tampoco al ex ministro franquista Juan Antonio Samaranch. Cuenta, sí, con un único "miembro de honor": Henry Kissinger.



El comercial de Malvinas difundido por el gobierno argentino, "manipulación nazi", según dramatizaron algunos críticos locales, tiene su complejidad. Fue hecho por una agencia (Young & Rubicam) cuya casa central (WPP) es inglesa y cuyo titular (Martin Sorrell) es un Sir que trabajó para Margaret Thatcher y ahora defiende a Rupert Murdoch, uno de sus principales clientes. La filmación, sin permiso oficial, fue realizada por la misma gente que produjo en 1999 una película polémica. Un porteño mago y comediante, obviamente canchero, viaja a Malvinas con una cámara oculta, dispuesto a embarazar kelpers para que al menos en veinte años la mitad de la población de las islas tenga ascendencia argentina. La infantil sátira se llamó Fuckland, Tierra del sexo, traduce Wikipedia, con excesiva ingenuidad. Fernando Zylberberg, veterano del seleccionado masculino de hockey sobre césped que cobró dinero y reivindicó el comercial en el que corre tipo Rocky por Puerto Stanley, trabaja a su vez en estructuras del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.



Ciudadanos ingleses se indignaron porque Zylberberg pisó en su carrera un monumento homenaje a los soldados ingleses fallecidos en la Primera Guerra Mundial. Piden por las redes sociales que la Argentina sea excluida de los Juegos. O que no se le conceda la visa a Zylberberg, sin saber que el jugador, en realidad, dista de tener confirmada su convocatoria a un tercer Juego Olímpico. Sí tiene boleto confirmado la taekwondista Carola Malvina López, que lleva ese nombre porque nació en plena guerra de 1982. En 1948, los ingleses se sorprendieron por los besos que se daban los argentinos tras el triunfo del boxeador Pascual Pérez. "Se dieron más besos que un musical de Hollywood", escribió un diario. Más que besos, ahora temen un podio con reclamo malvinense. Pero Inglaterra, a la que la Argentina ya no sabe cómo pedirle que acepte la resolución de las Naciones Unidas y dialogue sobre las Malvinas, no sabe que ese podio es una posibilidad bastante lejana. Los atletas viven los Juegos, sean en Londres o Praga, como un punto culminante para el que llevan años preparándose. Son actores centrales del juego olímpico. Pero actores de reparto en el juego político. Viajarán cargados de ilusiones. Con una inversión económica récord para el deporte olímpico argentino en las últimas décadas. Pero, paradójicamente, irán también con la dolorosa certeza de que, esta vez, ganar alguna medalla en Londres será casi milagroso.
 
Fuente: http://canchallena.lanacion.com.ar/1471714-fuckland
 

A las Malvinas en subte

A 36 años del golpe de 1976 y 30 de la guerra de las Malvinas, subsisten puntos oscuros que requieren mayor investigación. Uno de ellos es el rol de la P-2, de los hermanos Franco y Tonino Macrì, de la FIAT y de Techint en una negociación para canjear contactos que permitieran comprar misiles Exocet, por contratos de obras públicas para las empresas italianas, incluyendo la ampliación de la red de subterráneos de Buenos Aires.

Por Horacio Verbitsky

Desde Roma

A treinta años de la invasión a las islas Malvinas dispuesta por la Junta Militar y la guerra con que Gran Bretaña recuperó su posesión, quedan aspectos oscuros que no se conocen o que han sido esclarecidos en forma parcial. Uno de ellos es la intervención de la Logia P-2, de los hermanos Franco y Tonino Macrì, de la FIAT y de la Techint para obtener armamentos de última generación pese al bloqueo británico y las condiciones económicas de ese aporte, que incluyeron la concesión de los subterráneos porteños a empresas italianas. Franco y Tonino son los padres respectivos de los actuales jefes de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Vicente López, Maurizio y Jorge Macrì. Esta es así la prehistoria de un tema de estricta actualidad cuando se conmemoran las tres décadas de aquel conflicto. La nueva generación de los Macrì encabeza la principal alternativa al kirchnerismo, mientras la FIAT y la Techint resisten como pueden la política económica que, sin embargo, les ha permitido obtener ganancias extraordinarias.

Cristiano Rattazzi Agnelli ha parado varias veces la producción de FIAT alegando falta de piezas importadas. Paolo Rocca presionó en forma desembozada por una devaluación del peso y se resistió todo lo que pudo a la reinversión de utilidades en el país, en lo que fue un caso testigo sobre la voluntad política del gobierno por disciplinar a las mayores empresas.

Los Exocet

Uno de los momentos críticos de la guerra fue el hundimiento del destructor británico HMS Sheffield con un misil francés Exocet lanzado desde un avión naval Super Etendart. Como reflejo de la improvisación con que se decidió ocupar las islas, la Argentina no tenía una provisión suficiente de esas armas letales y en cuanto quedó en evidencia el daño que podían causar a la flota real, el gobierno de Margaret Thatcher presionó al de Francia, para que no entregara nuevas unidades a la Argentina. Comenzaron entonces diversas gestiones para conseguir nuevos Exocet en el mercado negro. Algunas son conocidas, pero otras permanecen en las sombras.

La historia de la conexión italiana fue descubierta de pura casualidad por el juez de Trento Carlo Palermo. Durante un allamiento en su investigación sobre tráfico de armas y drogas por parte de la P-2, Palermo encontró documentos sobre un acuerdo entre Italia y la Argentina: si la dictadura podía comprar los misiles habría buenos negocios para empresas italianas en Buenos Aires. Según esa documentación, intervenían en ese trato el secretario general del Partido Socialista italiano, Bettino Craxi, el gran maestre de la P-2, Licio Gelli, el banquero del Vaticano y de la mafia Roberto Calvi, los empresarios ítalo-argentinos Franco y Tonino Macrì y Gaio Gradenigo, un torturador de las milicias fascistas de la República de Saló fugado a la Argentina para eludir una condena de los aliados. Una carta, enviada por el representante en la Argentina de Craxi decía que los hermanos Macrì “representan aquí los intereses de la FIAT”. La Logia P-2, fundada por Gelli, tuvo entre sus integrantes a altos funcionarios de los gobiernos de Juan Perón, Raúl Lastiri e Isabel Martínez, como José López Rega, y a varios altos jefes de la dictadura militar que los desalojó del poder, como los generales Carlos Suárez Mason y Luis Alberto Betti, los almirantes Emilio Eduardo Massera y Juan Questa y el capitán de Navío Carlos Alberto Corti. En 1973 un colaborador de Gelli en la P-2, Giancarlo Elia Valori, puso en contacto a Massera con Juan Perón, quien le ofreció la comandancia general de la Armada. Menos conocido es que quien presentó a Valori con Ma-ssera fue el vicepresidente del directorio del diario Clarín, Horacio Rioja.

La Armada peruana aparecería como el comprador de los Exocet, que luego se derivarían a la Argentina. El pago se haría con una carta de crédito del Banco Central del Perú. Pero la inteligencia británica detectó que la garantía era un depósito de doscientos millones de dólares del Banco Andino de Lima, subsidiario y de propiedad total del Banco Ambrosiano, en el que Roberto Calvi administraba recursos del Vaticano. El capital del Andino había sido provisto por Ambrosiano Holdings y el grueso de sus préstamos se dirigía a las empresas fantasma controladas por Licio Gelli, quien había huido a Uruguay y la Argentina luego de la condena en suspenso de Calvi por este tipo de operaciones. El Ambrosiano no colapsó de inmediato sólo porque el Instituto para las Obras Religiosas, conocido por la sigla IOR y caracterizado como el Banco del Vaticano, se comprometió a respadarlo. Entre los materiales que el juez secuestró había un contrato para la provisión de 52 Exocet a un costo de 985.000 dólares cada uno en la operación denominada Pampa, a cargo del capitán de navío Carlos Alberto Corti, uno de los argentinos miembros de la P-2. La investigación del juez Palermo terminó con la carrera política de Craxi, quien murió refugiado en Africa para evitar el juicio.

Orden de captura

Palermo también ordenó la captura de los hermanos Macrì. Una carta remitida desde Buenos Aires por el representante de Craxi contaba que en febrero de 1982 “Macrì ofreció genéricamente al gobierno argentino la total disponibilidad de las empresas italianas a colaborar con el aprovisionamiento para la guerra de las Malvinas, incluyendo helicópteros. A cambio de este apoyo político el gobierno argentino –gen. Galtieri– se compromete a dar a Macrì y al grupo que representa –y sigue representando– la concesión para ampliar y explotar por veinte años la red subterránea, llevándola al doble de su extensión”.

El autor de la carta que el juez Palermo encontró en un allanamiento era Gradenigo. Había integrado la milicia fascista Guardia Republicana Nacional, en la que se destacó como torturador. Condenado a dieciocho años de prisión al terminar la guerra, nunca fue arrestado y en 1946 huyó a la Argentina, donde se convirtió en uno de los grandes personajes de la colectividad. Dirigía el quincenario Risorgimento e integraba el neofascista Movimiento Social Italiano, al que enviaba aportes económicos desde la Argentina.

Corti era representante de Gelli en la Argentina y se había casado con una sobrina del Gran Maestre. El juez Palermo verificó que Macrì había adquirido las operaciones de la FIAT en la Argentina, “con fondos de procedencia dudosa”, que en conjunto con funcionarios italianos estaba interesado en la concesión de los subterráneos de Buenos Aires, que presidía la Comisión Argentina por una Paz Justa que tramitó en Italia el levantamiento de las sanciones económicas, para lo cual se reunió, entre otros, con Craxi. El propio Gradenigo confirmó las tratativas para la provisión de armas y hasta el uso de documentos falsos. La investigación también confirmó que en 1980 se había formado la UTE Metrobaires, que según la carta ganaría la licitación de los subterráneos a cambio de los armamentos que la Junta necesitaba para la guerra del Atlántico Sur. Palermo cotejó estos datos con documentos oficiales según los cuales el gobierno italiano garantizaría los trabajos por mil setecientos millones de dólares y, en caso de adjudicación, Metrobaires asignaría parte de las obras a FIAT Argentina. Entre las empresas italianas que integraban la UTE estaba Techint Argentina. Otro miembro de la P-2, Arrigo Molinari, declaró ante el juez Palermo que Roberto Calvi había financiado todo el esfuerzo bélico argentino en las Malvinas. El 10 de mayo, Gelli regresó en forma clandestina a Italia desde Buenos Aires, para exigir a Calvi los ochenta millones de dólares que los traficantes de armas pedían por los Exocets para la Marina argentina.

Un mensaje en la heladera

En la heladera de su hotel en Buenos Aires el juez Palermo encontró una notita que lo amenazaba con hacerlo saltar. Luego de un atentado al que sobrevivió, Palermo se alejó de la judicatura y la causa languideció. En su autobiografía Franco Macrì califica el episodio de “ridículo y falso”, aunque admite la gestión por la paz y sostiene que la licitación “ya había ocurrido y la única empresa que había presentado oferta había sido Techint”, lo cual dista de ser una desmentida. El 10 de agosto de 1983, Licio Gelli se fugó de la cárcel suiza en la que estaba detenido. Versiones de la prensa europea indicaron que habría actuado un comando militar argentino.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-190366-2012-03-25.html

Malvinas: una errónea visión alternativa

Atilio A. Boron
Rebelión

Es bueno que en la Argentina haya irrumpido una discusión acerca de qué actitud tomar en relación a las Islas Malvinas. Desde hace mucho este país estaba atrapado entre las secuelas paralizantes de la ignominiosa derrota sufrida hace casi treinta años -producto de la incompetencia, fanfarronería y demagogia de la dictadura genocida- y la vía muerta de una estrategia diplomática que pese a su perseverancia no rindió frutos porque el mal llamado “orden mundial” es en realidad un cruento e injusto desorden en donde sólo por excepción deja de regir la ley del más fuerte. Es de celebrar que en fechas recientes el gobierno nacional haya modificado algunos aspectos de esta estrategia buscando nuevos y valiosos aliados regionales para inclinar a su favor una correlación de fuerzas que en el uno a uno de la diplomacia convencional entre el Reino Unido y Argentina, nos conducía inexorablemente a un nuevo ciclo de decepciones. Gracias a las torpes provocaciones de David Cameron la causa de las Malvinas se latinoamericanizó y Londres acusó el impacto al ver que, en esta parte del mundo, su pertinaz colonialismo suscitaba creciente repudio a la vez que solidaridad con la Argentina y que Washington admitía, para desasosiego británico, que había un problema de soberanía que debía discutirse bilateralmente. Y es lógico que el tema se haya latinoamericanizado porque la controversia sobre la soberanía del archipiélago involucra al menos tres aspectos que hacen al interés común de América Latina: (a) la explotación de recursos naturales de nuestros espacios marítimos: recursos renovables (si no se los depreda), como la pesca, y no renovables, como el petróleo; (b) el acceso a la Antártida, fuente segura de enormes riquezas minerales e hidrocarburíferas cuyo tratado que deja “congelados” los reclamos de soberanía sobre ese territorio debería ser renovado en fechas próximas; y (c) el acceso al paso bioceánico a través del Estrecho de Magallanes, de extraordinaria importancia en la hipótesis de que por diversos motivos fuese inoperable el Canal de Panamá. Estas cuestiones, como es obvio, no pueden ser indiferentes para la región, y muy en especial para los países sudamericanos. La causa subyacente de las bravatas del anodino premier británico son los graves problemas económicos (hasta ahora disimulados) y sociales (indisimulables) que atribulan al Reino Unido. Baste recordar que hace menos de un año multitudinarias protestas populares culminaron con saqueos e incendios en las principales ciudades británicas, las que impulsaron a Cameron a escalar el diferendo militarizando aún más al Atlántico Sur y violando los acuerdos regionales que velan por la desnuclearización de esta parte del mundo, incluyendo en su juego a la figura del príncipe Guillermo con toda la carga simbólica que esto implica y yéndose de boca con afirmaciones tales como que la Argentina era un país colonialista, lo que en cuestión de minutos convirtió al émulo de Margaret Thatcher en el hazmerreír universal toda vez que más de la mitad de los territorios aún sometidos al yugo colonial tienen como potencia dominante al Reino Unido, entre ellas nada menos que Gibraltar, en las puertas de Europa. Esto produjo la paradojal coincidencia de España con la Argentina en sus reclamos anticolonialistas, ante las cuales Londres respondió con su acostumbrado desprecio por la legalidad internacional.
Ante la complejidad que tiene la lucha por recuperar a las islas es importante que en la Argentina se debata el asunto con la seriedad que se merece, sin patrioterismo pero también sin desaprensivos cosmopolitismos, entre otras cosas porque de por medio están los seiscientos cuarenta y nueve jóvenes argentinos que fueron sacrificados en la guerra, los más de mil que regresaron heridos y mutilados, los muchos que se suicidaron después y la afrenta que representa para el honor de este país los reclamos de los miles de conscriptos que aún no obtienen del estado nacional el resarcimiento que se merecen por sus servicios prestados en la guerra. Esta advertencia viene a cuento porque en los últimos días se ha desencadenado entre un grupo de intelectuales y publicistas críticos del gobierno una especie de torneo para ver quien adopta posturas más anglófilas y entreguistas, con argumentos que ofenden la inteligencia de los argentinos y la memoria de nuestros muertos al paso que llenan de regocijo al Foreign Office. Uno de los disparates más significativos es el que dice, en línea con los pretextos de Londres, que la Argentina debería consultar a los isleños si es que aceptan o no que Las Malvinas sean reincorporadas al patrimonio nacional. Se apela, erróneamente, a la doctrina de la “autodeterminación nacional” lo que le permitió al historiador Luis Alberto Romero (en una columna publicada en el diario La Nación ) y a un grupo de 17 intelectuales y publicistas proponentes, según ellos, de una mirada alternativa sobre la cuestión de las Malvinas, renunciar alegremente y sin más miramientos al legítimo derecho que le asiste a la Argentina y dar por definitivamente perdida una batalla que este país viene librando desde hace 179 años. 1
Quienes postulan la doctrina de la “autodeterminación nacional” se olvidan que ésta sólo es aplicable a condición de que se cumpla con un requisito inescapable: que quienes se amparen en ese derecho sean los pobladores autóctonos de un territorio, lo que no ocurre en el caso de las Malvinas. La escasa población argentina que había en las islas fue desalojada por una fuerza expedicionaria británica que se apoderó violentamente del archipiélago y estableció, en su lugar, una pequeña colonia que al cabo de casi dos siglos no supera las tres mil almas. Esa viciosa modalidad de adquisición territorial se llama, en el derecho internacional, “conquista”, y de por sí invalida cualquier pretensión de legitimar la presencia post festum de los intrusos auscultando su voluntad o no de perpetuar los efectos de la conquista gracias a la cual se apoderaron de unas tierras que no eran suyas. La inconsistencia del argumento es más que evidente y no se necesita ser un eminente jurisconsulto para comprobarlo.
Propongo el siguiente experimento mental: imaginemos lo que habría ocurrido si la Argentina hubiera sido una gran potencia y a comienzos del siglo diecinueve hubiese ocupado militarmente una dependencia británica, próxima a sus costas, como por ejemplo la Isla de Man, expulsando al puñado de ingleses que la habitaban e instalado allí una pequeña comunidad de argentinos amparados por la permanente presencia de un destacamento armado. Los reclamos de la corona británica eran sistemáticamente desoídos y una medida desesperada para recuperar la isla por las armas -tomada cuando en Inglaterra el fantasma de Cromwell y los sentimientos antimonárquicos preanunciaban una crisis política de enormes proporciones- permitió su transitoria reintegración al dominio británico, sólo para que, poco después, sus tropas sufrieran una aplastante derrota a manos de la potencia colonizadora sudamericana. Luego de ello Londres prosiguió con sus infructuosos reclamos mientras una arrogante Buenos Aires ratificaba su absoluto rechazo a cualquier inicio de conversaciones sobre el tema so pretexto de que nada podía hacerse contra la voluntad de los isleños, descendientes de quienes la ocuparon por la fuerza esa isla dos siglos atrás. Seguramente que, en este caso, los actuales cosmopolitas dispuestos a ceder definitivamente a las Malvinas a los ingleses se hubieran rasgado las vestiduras ante esta sucesión de atropellos al derecho de gentes, el desprecio por la negociación diplomática y el desacato a las resoluciones de las Naciones Unidas. Pero ya no como un experimento mental sino como una palpable realidad esto es lo que Londres ha venido haciendo desde 1833, y es por ello que rehúsa a sentarse en una mesa de negociaciones, honrar las reiteradas recomendaciones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas y la Resolución 2065 de la Asamblea General que insta a las partes a buscar una solución pacífica al diferendo, cosa a la cual el Reino Unido se ha negado sistemáticamente. Y lo hace porque el Foreign Office es conciente de que toda la legislación internacional le juega en contra; que su acto de piratesca apropiación de unas islas que no eran suyas es insanablemente ilegal e ilegítimo –y lo mismo vale para el Peñón de Gibraltar- y ni siquiera mil años de ocupación podrán redimir a los invasores británicos de ese pecado de origen. Tal como lo recordara Fidel Castro pocos días atrás, una vez iniciada la negociación diplomática los ingleses no tendrán más remedio que irse porque sólo les asiste el hecho desnudo de la conquista y la fuerza. 2 Pero los críticos se olvidan de todos estos molestos detalles y adoptan, en algunos casos de modo sorprendente dada sus trayectorias político-intelectuales, el punto de vista del colonizador. La culpa, por supuesto, es de los colonizados, de las víctimas; la razón, en cambio, siempre está del lado de los colonizadores. La historia argentina y latinoamericana está repleta de casos como estos en los cuales la “colonialidad” de las elites culturales las convierte en voceros de las potencias coloniales.
Claro que para esto es preciso olvidar muchas cosas: (a) que el recalentamiento del tema Malvinas fue responsabilidad de Londres y no de Buenos Aires; (b) que hasta ahora el gobierno argentino ha dado muestras de una saludable prudencia, al no caer en las burdas provocaciones de Cameron y responder a su bravuconada reforzando la presencia militar en el Atlántico Sur; (c) y que el núcleo central de su argumentación, la “autodeterminación” de los isleños se desploma ante el peso de un componente central de la misma tradición jurídica anglosajona que los críticos se supone tienen en alta estima y que dice que might does not make right, o sea, la fuerza no crea derechos.
En consecuencia, en el caso de las Malvinas, como en cualquier otro en donde un un estado arrebata el territorio de otro país por la vía de la conquista, la doctrina que se aplica no puede ser la de la “autodeterminación nacional”, por las razones arriba expuestas, sino la de la “integridad territorial” que establece que ningún estado tiene derecho a apropiarse de un territorio que pertenece o se halla bajo la jurisdicción de otro. Según esta doctrina la “consulta a los deseos de los isleños” es irrelevante a la hora de resolver la cuestión de la soberanía, aunque va de suyo que si las Malvinas llegaran a retornar algún día a la Argentina (en un futuro que sin dudas está muy lejano aún cuando Londres decida dejar de violar la legalidad internacional y obedezca el mandato de la ONU) el modo de vida de los isleños, su lengua y sus tradiciones deberían ser incondicionalmente respetadas y la Argentina debería aceptar, como lo han hecho Bolivia y Ecuador, el desafío de construir una comunidad política binacional, bilinguística y multicultural. Pero esto nada tiene que ver con la cuestión de la soberanía: quienes apelan a la “autodeterminación” de los isleños cometen un grave error jurídico y político, al paso que sus confusas elucubraciones desnudan los peligros que el rechazo visceral a una gobernante, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, puede tener sobre mentes que, bajo otras circunstancias, dieron en algunos casos muestras de notable lucidez y clarividencia.

Notas:

1 Luis Alberto Romero, “¿Son realmente nuestras Las Malvinas?”, La Nación, 14 de Febrero de 2012; el documento de los 17 intelectuales y publicistas lleva por título: “Malvinas: una visión alternativa”, y se publicó íntegramente en la edición del 23 de Febrero de 2012.

2 Ver al respecto el esclarecedor análisis de Marcelo G. Kohen sobre todos los obstáculos interpuestos por el Reino Unido para evitar el inicio de negociaciones diplomáticas sobre el futuros de las islas: “¿Quién ‘bloquea’ en la cuestión Malvinas”, en Página/12, 12 de Enero de 2012.

El Reino del revés...

El Reino Unido debería dar el ejemplo


Por José Ramos Horta *

La presidenta de los argentinos hizo un llamado a la responsabilidad institucional y la negociación para terminar con 180 años de ocupación de las islas Malvinas por parte del Reino Unido, y yo, en mi carácter de presidente de la República Democrática de Timor-Leste –primer país descolonizado del siglo XXI–, estudioso de los procesos de descolonización, y Premio Nobel de la Paz de 1996, justamente por la búsqueda de una solución pacífica a la ocupación indonesia de mi tierra, no puedo menos que apoyar su reclamo y el de los millones de argentinos.
Esta solidaridad tiene sus raíces en el derecho internacional, en la racionalidad política moderna y en la lógica que emerge de la necesidad de la construcción de un nuevo orden político internacional más justo, no basado en el poderío militar y económico, sino en la justicia, la solidaridad y la equidad.
El derecho a la libre autodeterminación de los pueblos es reconocido universalmente, pero sin que viole o contradiga el principio de integridad territorial de los países y las naciones.
El pretender que las Malvinas deban ser consideradas parte del Reino Unido por estar habitadas por ingleses –que hasta antes de 1982 ni siquiera tenían derechos ciudadanos plenos, asimilables a los de un habitante de Londres– tiene la misma consistencia legal y lógica que pretender que los habitantes del Barrio Chino de Belgrano, en Buenos Aires, quieran responder políticamente a Beijing o a Taiwan y no a la República Argentina. El derecho a la autodeterminación de los pueblos no fue inventado para grupos étnicos residiendo en un territorio determinado. Los malvinenses pueden seguir siendo ciudadanos ingleses, así como los del Barrio Chino de Buenos Aires seguir siendo chinos, ser respetados en sus culturas y valores, pero residen en un territorio soberano de la República Argentina. Inclusive se puede pensar en un estatuto especial, consensuado, pero que contemple, por sobre todo, la integridad territorial de la Argentina. La España moderna, democrática y del consenso consiguió estatutos autonómicos imaginativos e interesantes para vascos o catalanes, y mantuvo su unidad territorial y nacional.
Una vez más Argentina apela, como lo vino haciendo hace años, a las instituciones de las Naciones Unidas: el Consejo de Seguridad, el Comité de Descolonización e inclusive la Asamblea, donde están representados los Estados soberanos. La guerra de 1982 fue un acto de una dictadura sangrienta que usurpó la democracia y sojuzgó al pueblo por la fuerza. No puede ser tomada como jurisprudencia para negar la apertura de las negociaciones.
El Reino Unido es miembro permanente y con derecho a veto del Consejo de Seguridad y debería dar el ejemplo de cómo resolver conflictos de manera pacífica. Ya lo hizo en la negociación con China por la devolución de Macao y Hong Kong. ¿Por qué no intenta con Argentina una solución negociada como aquélla? ¿Será porque Argentina no tiene el poder militar de China? ¿Será porque Argentina muestra vocación pacífica? ¿O será por el potencial de recursos naturales que tiene la región? Inclusive si así fuera, siempre existe la posibilidad de una solución creativa para el manejo y administración responsable y sustentable de estos recursos.
Desde el punto de vista de los principios, resulta insustentable que antiguas potencias coloniales mantengan territorios en otros países, como es el caso de Gibraltar, Guantánamo o las Malvinas. En el siglo XXI, cuando la totalidad de los países integrantes de las Naciones Unidas sin excepciones nos comprometimos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde en el Objetivo número 8 se habla de “Promover una asociación internacional para el desarrollo”, es inadmisible que un país europeo, o de donde fuere, conserve colonias a decenas de miles de kilómetros de distancia, y, en especial, cuando esta presencia se apoya en poderío militar.

* Presidente de la República Democrática de Timor-Leste - Premio Nobel de la Paz 1996.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-187248-2012-02-09.html