Textos para el debate:
cash
Domingo, 6 de noviembre de 2011
EL SALDO, PARA EL GOBIERNO, DEL CONFLICTO CON UN SECTOR DEL CAMPO
“Salto cualitativo”
En su último libro, Sistema político y modelo de acumulación, Eduardo Basualdo desarrolló los rasgos del pasaje de la valorización financiera, agotada en 2001, hacia un nuevo patrón de acumulación de capital, aún en disputa.
Por Natalia Aruguete
La Resolución 125 fue una “divisoria de aguas” para el desarrollo político del kirchnerismo, porque definió un salto cualitativo en términos políticos, asegura Eduardo Basualdo, investigador y coordinador del Area de Economía de la Flacso. Cash lo entrevistó a pocos días de la publicación de su último libro, Sistema político y modelo de acumulación (editorial Cara o Ceca). Basualdo desarrolló con elocuencia los rasgos que signaron el pasaje de la valorización financiera, agotada en 2001, hacia un nuevo patrón de acumulación de capital, aún en disputa. Desde ese análisis, destacó dos aspectos: la evolución del sector hegemónico desde mediados de los ’90 hasta la actualidad y la definición de la identidad del gobierno kirchnerista a partir del “inédito” conflicto con el agro pampeano.
¿Cómo analiza la evolución del sector económico hegemónico durante los ocho años de gestión kirchnerista?
–Se pueden definir dos etapas, relacionadas con el desarrollo político y el grado de avance del kirchnerismo. En ese sentido, el conflicto alrededor de la Resolución 125, sobre las retenciones móviles, es una divisoria de aguas. No sólo porque fue el conflicto más serio y más enclavado en las contradicciones históricas de la sociedad argentina, sino porque, por eso mismo, definió un salto cualitativo en términos políticos en el kirchnerismo.
¿Por qué?
–Desde el punto de vista de la hegemonía, hasta ese momento era un gobierno que se movía entre dos tipos de hegemonía. Una es el transformismo, que venía de la valorización financiera, que no se basaba en las concesiones a los sectores subalternos, sino en la cooptación de sus dirigentes. La otra es la hegemonía clásica, ya que a partir de esa crisis del 2001/2002 los sectores dominantes tuvieron que responder efectivamente a ciertas reivindicaciones populares.
¿Por qué se ven obligados a hacer concesiones?
–Porque entra en crisis el sistema de representaciones políticas y mi impresión es que todavía no salimos de eso. Por lo tanto, había que recrear condiciones de gobernabilidad y hegemonía por parte de los sectores dominantes. La ambivalencia del gobierno de Néstor Kirchner es que estuvo compuesto por medidas y reivindicaciones populares y, al mismo tiempo, por concesiones que aseguraron una reproducción ampliada de capital a los sectores dominantes. Esa ambivalencia se interrumpió con el conflicto de la Resolución 125, provocado a partir de un nuevo paradigma dominante en la sociedad argentina, asentado en la producción agropecuaria pampeana: el paradigma sojero, que se puso en marcha a mediados de los años ’90. Por ello, el sector agropecuario pampeano es el único que no sufrió la crisis de 1998 a 2001.
¿Qué transformaciones acompañaron a ese paradigma sojero?
–Una vez concluido el ciclo de privatizaciones, en 1995 comenzó otra reforma estructural, que fue la extranjerización de la economía. Los grupos locales vendieron no sólo su participación en los consorcios que controlaban los servicios públicos, sino muchas de sus empresas industriales. Los casos de Bagley y Terrabusi son emblemáticos, también lo es el del Grupo Perez Companc, que se reconvirtió. Estas transferencias rompieron la tradición argentina de vender empresas en malas condiciones financieras. Como esas compañías estaban en buenas condiciones, las transferencias que se hicieron dieron lugar a una exacerbación de la fuga de capitales durante esos años.
¿Qué consecuencias trajo este proceso en este sector de la economía que tuvo tanto poder durante la etapa anterior al kirchnerismo?
–Ese proceso de venta hizo que los grupos económicos perdieran predominio, tanto en la facturación de las doscientas empresas más grandes de la Argentina como en el comercio exterior. Esta fracción del capital, que vendió activos en servicios e industria, se recostó en la producción de bie-nes con ventajas comparativas naturales vinculadas con la producción agropecuaria. La mayoría de ellos fueron siempre grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires y, dentro de la cúpula, son los más importantes de la pampa húmeda, en términos de superficie. La patria sojera tiene como núcleo a estos capitales y fueron centrales en el conflicto de la Resolución 125 para imponer un nuevo patrón de acumulación de capital.
¿Quiénes participan de esa disputa?
–Estamos frente a un fenómeno de fragmentación y rupturas que comienza durante el gobierno de Néstor Kirchner y se profundiza durante el de Cristina, relacionado con nuevos alineamientos sociales, que forma parte de la definición de un bloque social dominante y un bloque alternativo. En esta definición, muchos de los que integran los sectores populares no los van a integrar más y habrá nuevas incorporaciones.
¿Cómo analiza el rumbo que tomó el Gobierno en estos dos últimos años, a partir de la Resolución 125?
–El principal efecto de la 125, tanto en la política presidencial como en la identidad del gobierno y en la relación con los sectores populares, es que eliminó la dualidad en términos de hegemonía. Se definió mucho más como una hegemonía clásica mediante el disciplinamiento del capital. Se trata de una hegemonía clásica dentro de un capitalismo en Argentina y, en ese sentido, de la definición de un tipo de Estado con un fuerte sesgo en términos de políticas hacia la promoción y potenciación de los sectores populares con efectos diversos. Lo que hizo el kirchnerismo en materia de jubilaciones es un hecho muy notable y poco rescatado, incluso por el Gobierno. Lo de la Asignación Universal por Hijo –más reconocido– es sumamente importante. En ese marco, la lucha ideológica y cultural adquiere otros contenidos. Pero hay un déficit original en el kirchnerismo, que es cuando en 2005 Néstor Kirchner pasó a ser presidente del Partido Justicialista. El peronismo (PJ), desde mi punto de vista, difícilmente tenga la capacidad de generar un proyecto popular y nacional, en Argentina, perdurable, porque expresa más el partido del orden que la construcción de un proyecto popular
Extraido del Suplemento económico CASH, del díario Página/12, Domingo 06.11.2011
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Los atolladeros de la economía latinoamericana
Claudio Katz
Rebelión
Al concluir el año 2011 reaparecen los nubarrones sobre la economía latinoamericana. El brusco agravamiento de la crisis global augura un freno del crecimiento que aumenta el nerviosismo. Durante el último quinquenio el producto bruto regional mantuvo un ritmo ascendente del 5% anual, a pesar de la desaceleración registrada en el 2009. La recuperación posterior se prolongó durante el 2011, que finalizaría con un incremento de 4,4% del PBI. Hay previsiones de otro aumento del 4,1% para el 2012, pero nadie sabe cuánto durarán los escudos protectores frente a la nueva turbulencia internacional.
Los neoliberales advierten contra la recaída y proponen recortar el gasto público para reforzar las defensas. Aunque la deuda pública y privada es muy inferior al promedio de los países desarrollados, promueven la contracción para asegurar las acreencias de los banqueros. Sus convocatorias a la austeridad expresan esta prioridad de los financistas.
Por el contrario, los heterodoxos alientan la continuidad de políticas contra-cíclicas. Los economistas de CEPAL presentan esta intervención como un acto de transgresión del neoliberalismo, olvidando que en numerosos países (México, Colombia o Chile), estas medidas complementan la continuidad del libre comercio y las privatizaciones. Son iniciativas más dependientes de los ingresos fiscales que de las ideologías gubernamentales [2].
Este intervencionismo no ha sido el único atenuante de la crisis. También la apreciación de las materias primas exportadas, el ingreso de capitales sin oportunidades de inversión en los países centrales y la desincronización del ciclo regional han limitado el impacto del temblor [3].
Esta combinación de circunstancias se corrobora en la gran heterogeneidad de situaciones nacionales y en la escasa conexión de la reactivación con estrategias peculiares. Se han registrado altas tasas de crecimiento en países con políticas económicas heterodoxas (Argentina) y ortodoxas (Perú) y también resultados inversos en países del primer grupo (Venezuela) y del segundo (México). El efecto atenuado del tsunami global se ha verificado, además, especialmente en el sur del continente. Centroamérica y el Caribe sufren el duro contagio de la recesión estadounidense.
Dilemas estratégicos
Frente a un probable escenario de recesión internacional se multiplican los cónclaves regionales. La frecuencia de estos encuentros contrasta, por ejemplo, con la pérdida de gravitación de las Cumbres Iberoamericanas. UNASUR está logrado una centralidad inédita y comienza a operar como un MERCOSUR ampliado, incorporando a los países que suscribieron Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos. El regionalismo sudamericano (Brasil y Argentina) tiende a converger con el área pro estadounidense del Pacífico (Chile, Colombia, Perú). Esta coexistencia refuerza el predominio de proclamas, en desmedro de iniciativas concretas de integración.
Se discute, en primer lugar, la formación de un fondo de estabilización (FLAT) -a partir de ciertos mecanismos ya existentes (como el FLAR)- para auxiliar a las economías afectadas por corridas cambiarias. La fuga de divisas podría agravarse si los bancos y empresas extranjeras envían más dólares a sus casas centrales, para contrarrestar las situaciones de insolvencia. El FLAT está concebido como un instrumento de protección frente distintos escenarios de vaciamiento financiero [4].
Pero el monto de recursos comprometido en este resguardo (20.000 millones de dólares), sólo alcanzaría para socorros de emergencia en las economías pequeñas. Este tipo de reacciones defensivas ya se ensayaron en el pasado y no implicaron actos de solidaridad con las víctimas de la especulación. Al contrario, consolidaron una extranjerización del sistema bancario latinoamericano, que se reafirmaría si prospera la propuesta de asociar el FLAT con nuevos préstamos del BID.
En otros encuentros se debaten ideas para avanzar hacia la formación de alguna moneda común. La experiencia del Sucre -que utilizan Venezuela, Ecuador y Bolivia como unidad de cuenta para el intercambio comercial- es la referencia de estos proyectos. Ese signo permite reducir los costos de las transacciones, pero convive con el dólar sin funcionar como moneda real. Aunque pretende incentivar un desacoplamiento de las divisas fuertes, no reemplaza el control de cambios, ni preserva a los países de los tormentosos flujos de capital [5].
El Sucre es una iniciativa más avanzada que los mecanismos de intercambio con billetes locales (Brasil-Argentina) o los convenios de pagos recíprocos (ALADI). Pero se encuentra muy lejos de sentar las bases de una moneda regional, basada en modelos de complementación solidaria opuestos a la centralización neoliberal que moldeó la gestación del euro.
El Banco del Sur es otro termómetro de la parsimonia que domina en los proyectos de integración. Ya han transcurrido varios años desde su constitución formal y aún faltan tres confirmaciones parlamentarias de los siete suscriptores del proyecto. Nadie define el destino de los créditos y el capital comprometido para la entidad es muy reducido, en comparación a un gigante de la zona como es el BNDES de Brasil [6] .
Pero el tema más relevante ocupa poco espacio en la reflexión regional. ¿Qué hacer con las enormes reservas que acumula América Latina? Como resultado del superávit comercial y la afluencia de divisas, los Bancos Centrales ya atesoran 574.000 millones de dólares. Se ha creado un excedente que contrasta con la enfermedad de vaciamientos sufridos por la zona en los momentos de crisis. ¿Los nuevos recursos respaldarán inversiones productivas coordinadas? ¿O se dilapidarán en acciones que perpetúan la dependencia?
La actual indefinición conduciría a la desaparición de los fondos por la misma ruta que ingresaron. La Unión Europea, el gobierno estadounidense y el FMI intentan canalizar las reservas hacia un socorro del sistema financiero mundial. Presentan este auxilio como un “aporte de América Latina” a los economías avanzadas, olvidando la deuda histórica que arrastra el Primer Mundo con la región. Proponen acompañar la compra de títulos europeos que realizarían China y otros BRICS, para apuntalar los bancos quebrados. La adquisición de estos papeles acrecentaría las cuantiosas inversiones que ya tiene Latinoamérica en esa modalidad de colocaciones.
La participación de Brasil en la cartera del FMI constituyó un primer guiño hacia este nuevo compromiso. En la última reunión del G-20 (Cannes) se reforzó este curso mediante explícitas exigencias de intermediación del cuestionado organismo, en cualquier auxilio financiero a Europa. Este idilio del gobierno brasileño con el FMI no es un dato menor, si se tiene en cuenta que el país es el quinto poseedor internacional de Bonos del Tesoro estadounidenses [7].
El dinero que se use para rescatar a los financistas europeos será sustraído del FLAT, la moneda común, el Banco del Sur y la integración productiva. Sería el nuevo precio que pagarían Argentina, México y Brasil para continuar participando en el G-20, con iniciativas que reafirman la asociación de las clases dominantes locales con el establishment global. Esta orientación se ubica en las antípodas de dos medidas insoslayables para avanzar hacia una integración regional progresista: la nacionalización de los bancos y la estricta regulación de los flujos de capital.
Estas acciones son indispensables en la coyuntura actual, para definir respuestas conjuntas ante contradictorios procesos de revalorización y desvalorización monetaria. La región ha padecido en los últimos años los efectos adversos del ingreso de dólares (que sobrevaluan la moneda local) y también del egreso de divisas (que provocan las conocidas tensiones cambiarias).
Seguramente Brasil definiría el rumbo a seguir, desde el momento que maneja entre el 50 y el 60 % de las reservas totales. Ya actúa como subpotencia, adaptando el MERCOSUR a un juego multilateral, basado en coordinaciones estratégicas con Estados Unidos. Esta política deja poco espacio para la formación de un fondo financiero latinoamericano [8].
El terremoto sufrido por el euro reforzaría, además, la aversión de los gobiernos brasileños a repetir en la región, el papel jugado por Alemania en el Viejo Continente. Si la gran potencia germana quedó hundida en el atolladero de la Unidad Europea, Brasil tiene menos posibilidades de liderar una integración capitalista de Sudamérica.
Las consecuencias del extractivismo
El término “extractivismo exportador” -que muchos analistas utilizan para describir este modelo- ofrece un acertado retrato del esquema actual. Destaca las nefastas consecuencias de la minería contaminante y la agricultura de exportación, en desmedro del abastecimiento interno [9].
Este curso extractivo potencia la vulnerabilidad de América Latina. sin generar necesariamente procesos de “reprimarización” o “desindustrialización”. Pero impone senderos frontalmente opuestos al desarrollo manufacturero que ha seguido el Sudeste Asiático. La atadura a las exportaciones básicas suscita, además, permanentes interrogantes sobre la continuidad del ciclo alcista de las materias primas que comenzó en el 2003 y perdura hasta la actualidad.
Algunas explicaciones atribuyen esta valorización a los movimientos especulativos y a la falta de supervisión de los mercados agrícolas de futuro. La desregulación de esta plaza facilitó el ingreso de los bancos de inversión al negocio y la consiguiente presencia de un mortífero arsenal de derivados. El uso de instrumentos financieros en el sector aumentó de 500.000 millones (2000) a 13 billones de dólares (2008) [10].
Otras caracterizaciones destacan cómo el incremento del precio del petróleo potenció la expansión de los agro-combustibles y señalan que el 12% de la producción mundial de maíz ya se destina a la fabricación de etanol. Una tercera explicación estima que la demanda china ha establecido un nuevo piso de cotizaciones para todas las materias primas.
Esta diversidad de interpretaciones alude, en los hechos, a distintos procesos temporales. Mientras que las maniobras financieras determinan los incrementos coyunturales de precios, los agro-combustibles y las compras asiáticas inciden sobre el mediano y el largo plazo.
El boom de las commodities ha reabierto también viejas controversias teóricas sobre el deterioro de los términos de intercambio y la influencia de las exportaciones primarias en el subdesarrollo latinoamericano. Pero cualesquiera que sean las respuestas a estos interrogantes son evidentes los efectos sociales nocivos del extractivismo. Sólo el desarrollo manufacturero permitiría crear los puestos de trabajo necesarios para erradicar el atraso de la región. Este salto se encuentra impedido por la dominación que ejercen las empresas transnacionales de la economía latinoamericana.
Ese predominio determina incluso muchas posturas de política exterior. Cuándo Brasil y Argentina rechazan en el G-20 la regulación de los precios de los alimentos, siguen el mandato de las grandes compañías. La hambruna de los empobrecidos no se analiza con criterios de solidaridad, sino como una oportunidad de negocio. El extractivismo perpetúa el sometimiento del ciclo latinoamericano a la tiranía de la reproducción dependiente. Esta subordinación tiene mayor impacto actual en la esfera comercial o productiva, que en el área tradicional del endeudamiento. Pero la experiencia indica que la atadura a las exportaciones básicas termina recreando el agobio financiero.
Desigualdad y explotación
Pero lo más relevante es la baja calidad de los nuevos empleos, reclutados en su gran mayoría en el sector informal. La precarización se mantiene como una norma, tanto de la recesión como de la prosperidad. Este deterioro complementa la degradación que imponen la disminución de las remesas, el éxodo rural y la marginalidad urbana. Millones de individuos están condenados a formas de supervivencia infrahumana, que logran visibilidad mediática sólo en los momentos de gran cataclismo (incendio de una cárcel superpoblada, alud en una favela, inundaciones en zonas desprotegidas).
La manifestación más dramática de este infierno en la región centroamericana es la expansión del narcotráfico. Esta actividad es un refugio de supervivencia para los campesinos endeudados y para los jóvenes desempleados incorporados a la delincuencia organizada . El macabro curso de la guerra emprendida por el gobierno de México ya cobró la vida de 50.000 personas. Con un estado de excepción permanente se legaliza la brutalidad criminal que ejercitan las mafias y sus adversarios cómplices del Estado [11].
La magnitud de las fortunas en juego es proporcional a la sangría de un negocio que manejan los clanes de la lumpen-burguesía. Este término se utilizó erróneamente en el pasado para retratar en forma indiscriminada a las clases dominantes latinoamericanas. Pero en realidad tipifica sólo a un sector muy específico, que ha transnacionalizado, diversificando y blanqueando las ganancias obtenidas en los circuitos paralelos de la acumulación. La burguesía lumpen está muy entrelazada con sus pares del sector formal, pero no integra el club estable de los grandes dominadores de la región. Es sabido que el desgarramiento social padecido en América Latina recrea la pobreza y la desigualdad. Sin embargo algunos analistas celebran la escasa reducción del nivel de inequidad registrado durante el reciente ciclo de crecimiento. Olvidan que América Latina continúa encabezando todos los récords internacionales de polarización social. La región incluye a cuatro de los países que lideran este vergonzoso indicador (Colombia, Bolivia, Honduras, Brasil). El coeficientes de Gini que mide la desigualdad ilustra un promedio zonal (51,6) muy superior a media mundial (39,5). En este terreno la principal novedad radica en la generalización de las políticas asistenciales, que tienden a atenuar los explosivos efectos de la fractura social. Todas las administraciones implementan estos planes como imperativos de gobernabilidad. El costo de estas acciones se asemeja en todos los países y es muy reducido en proporción al producto bruto. En Argentina rige la asignación universal (0,40% del PIB), en Brasil la Bolsa Familia (0,47%), en México el programa Oportunidades (0,51%), en Bolivia el Bono Juancito Pinto (0,33%), en Venezuela las Misiones (0,45%), en Ecuador el Bono de Desarrollo Humano (1,17%), en Chile el Plan Solidario (0,11%), en Colombia la Iniciativa Familias (0,39%) y en Perú el Proyecto Juntos (0,14%) [12]. Este tipo de asistencias protege a los desamparados, pero no genera ninguna redistribución del ingreso. En la medida en que coexiste con la precarización laboral tiende más bien a convalidar la segmentación del mercado de trabajo. Esta fractura acentúa las viejas modalidades de superexplotación que caracterizan al capitalismo latinoamericano. Las empresas foráneas se lucran en las maquilas con la baratura de la fuerza laboral y los capitalistas locales exprimen a los asalariados, para compensar su escasa relevancia en el mercado global.
Algunos economistas ponderan el rumbo actual destacando la caída de la desocupación que acompaña al crecimiento. Pero las cifras sólo indican reducidos cambios acordes al vaivén del ciclo. En la desaceleración del 2009 la tasa de desempleo llegó al 8,1%, luego bajó al 7,3% (2010), este año rondaría el 7% y si se confirman los augurios de freno volvería a subir. La gran dependencia regional del vaivén internacional de los precios de las materias primas acrecienta las críticas hacia el modelo exportador. Este esquema incentiva la multiplicación de emprendimientos exclusivamente destinados a comercializar productos básicos. Mientras crece la influencia del a gro-negocio, las inversiones extranjeras consolidan la especialización petro-minera. Todas las potencias buscan asegurarse el aprovisionamiento de insumos latinoamericanos, afianzando la inserción de la zona como granja o socavón de la economía mundial.
Las tendencias económicas comunes de América Latina se procesan en distintos contextos políticos de gobiernos derechistas, centroizquierdistas y reformistas. Estas administraciones actúan, a su vez, en variados marcos de conquistas o repliegues populares. Las semejanzas estructurales entre Colombia y Venezuela quedan replanteadas a la hora de observar quién gobierna y lo mismo vale para México y Argentina o para Guatemala y Bolivia. El devenir de la economía regional depende de los desenlaces políticos en cada país. Durante el bienio 2010-2011 los gobiernos derechistas enfrentaron múltiples problemas. El imperialismo estadounidense perdió a su agente directo en Perú y observa con gran inquietud la impotencia de su socio mexicano para lidiar con el narcotráfico. La violencia facilitó el regreso del militarismo conservador en Guatemala y las matanzas de los paramilitares continúan en Colombia. Pero en todos los casos crece el hastío de la población. Los golpistas hondureños debieron replegarse buscando un compromiso con el presidente depuesto y el reaccionario gobierno de Chile afronta desventuras económicas, fracasos de gestión y gran resistencia social. Es evidente, además, que las pesadillas afrontadas por el Pentágono en el Medio Oriente reducen la capacidad de intervención de la IV flota y de los marines desplegados en Colombia. Por esta razón, las campañas de intimidación se procesan a través de los grandes medios de comunicación, que definen en cada momento a quién hostilizar y a quién bendecir. En América Latina comienza a verificarse cierto viraje en el pensamiento dominante, puesto que el neoliberalismo ha quedado desprestigiado por el resultado de sus gestiones. Prometió un gran despegue con privatizaciones y desregulaciones y terminó reforzando los viejos desequilibrios de la reproducción dependiente. Luego estimuló el endeudamiento para paliar estos trastornos y precipitó tormentosos estallidos financieros. Aunque numerosos gobiernos preservan esta misma estrategia con algún ajuste cosmético, otras administraciones comienzan a sustituir el credo neoliberal por planteos neo-desarrollistas. Esta propuesta gana adeptos con discursos de intervención del Estado, cuestionamientos de la pérdida de competitividad cambiaria (“enfermedad holandesa”) y convocatorias a imitar el camino asiático de industrialización [13]. Pero este renacer desarrollista no es preponderante aún en el país más industrializado. Brasil mantiene su primacía manufacturera en la región, pero con pérdidas de posiciones frente al agro-negocio. Las políticas oficiales de subsidios fabriles no compensan la apreciación de la moneda y el sistemático incremento de la tasa de interés. El país no cuenta con recursos, tecnología o mercados suficientes para compatibilizar el modelo alemán, que combina la severidad financiera con la competitividad productiva. Por esta razón se intensifican las tensiones entre la ortodoxia monetarista y los planteos industrialistas [14].
Neoliberalismo y neo-desarrollismo
Argentina ha puesto en marcha un intento neo-desarrollista más sostenido. Este ensayo constituye una reacción frente al descomunal desplome sufrido durante el cenit neoliberal. El gobierno ha buscado recomponer la gravitación de la burguesía industrial, en desmedro de los bancos y en conflicto con el agro-negocio. Pero este último sector ha capitalizado su actividad y se niega a compartir las enormes rentas que acapara. Además, la burguesía industrial perdió peso por la extranjerización y sostiene sus ganancias con subsidios y remarcaciones de precios. Estas presiones neutralizan el proyecto re-industrializador [15].
La industria mexicana presenta otro panorama al quedar amoldada (a través de las maquilas) a las líneas de fabricación estadounidenses. Los replanteos desarrollistas implican en este caso confrontar con una estrategia de libre comercio con la primera potencia, que ha desarticulado el viejo entramado industrial centrado en el mercado interno [16].
El resurgimiento neo-desarrollista se encuentra obstruido en América Latina por el predominio del extractivismo, la extranjerización de la economía y el desplazamiento de las viejas burguesías nacionales por nuevos grupos exportadores. Estas limitaciones son habitualmente omitidas por quiénes observan esa estrategia como la más conveniente, o la única factible en la actualidad. El neo-desarrollismo incluye también un ala más progresista, que reconoce la ausencia de clases capitalistas dispuestas a asumir la conducta clásica del industrialismo (inversión, riesgo, competencia). Proponen compensar esta orfandad del sujeto burgués con políticas sustitutivas de inversión y gerenciamiento público. Esas medidas no se conciben en una dirección post-capitalista, sino como acciones tendientes a remodelar el orden social vigente. Por eso implican no sólo acciones de regulación estatal, sino también fuertes subsidios a los grupos empresarios que se desea promover como protagonistas de la vida económica. ¿Pero qué beneficios aportarían estas subvenciones a la mayoría de la población? ¿Por qué razón los trabajadores y ciudadanos deberían solventar el fortalecimiento de un régimen social que no les pertenece? Es importante indagar estas contradicciones para clarificar el significado contemporáneo del nuevo desarrollismo. Algunos autores críticos no observan mayores diferencias con neoliberalismo. Consideran que el cambio de retórica encubre la continuidad de ofensivas del capital sobre el trabajo o la introducción de regulaciones para auxiliar a los bancos. Pero conviene evaluar esos parentescos en función de los intereses en juego. Si el libre comercio es la ideología de los agro-exportadores y la ortodoxia monetaria opera como credo de los banqueros, la defensa de los subsidios forma parte del guión industrialista. El neo-desarrollismo adapta esta última tradición a las necesidades actuales de los grupos fabriles más concentrados, transnacionalizados y exportadores ( compañías “Multilatinas”) [17].
Estas empresas tienden a expandirse hacia las economías vecinas para contrarrestar la estrechez de los mercados internos de origen. Compensan esta limitación con inversiones de alta rentabilidad en el exterior. La forma en que Petrobras bloqueó la nacionalización de los combustibles en Bolivia es un ejemplo de esta conducta [18]. Las víctimas de esta política suelen utilizar el término “subimperialismo” para caracterizar este comportamiento. También aplican este concepto para retratar acciones del ejército brasileño en Haití, que repiten estrategias de militarización ya ensayadas en las favelas. La denominación no sólo tiene un legítimo propósito de denuncia. También induce a revitalizar un concepto, que debería estudiarse mediante comparaciones con el uso inicial que tuvo en los años 60. Es muy importante precisar el sentido de cada noción para caracterizar de forma adecuada el alcance regional de la turbulencia económica actual. El término crisis, por ejemplo, se autiliza con tantas acepciones que a veces resulta imposible discernir si alude a una coyuntura, a una etapa o a un devenir del capitalismo. Tampoco se sabe si evalúa una situación global, regional o nacional. En esta utilización tan polisémica tampoco se suele aclarar, si se está analizando un ciclo económico. En este caso, el término crisis debería referirse a situaciones de recesión, contrapuestas al crecimiento. Si cuando cae el PBI y el empleo hay crisis y cuando aumentan ambas variables también hay crisis, resulta imposible entender de qué se está hablando. La clarificación de los debates es una deuda pendiente en el pensamiento crítico latinoamericano, cuya resolución permitirá definir con mayor exactitud la etapa actual.
¿Cuál será el efecto de la crisis global sobre las luchas sociales de América Latina? Las resistencias alcanzaron un pico de intensidad durante las rebeliones de 2000-2005, que tumbaron a varios gobiernos reaccionarios. Estos levantamientos indujeron a las clases dominantes a actuar con mayor cautela frente al ajuste, tanto en los epicentros como en los vecindarios de las sublevaciones. Las movilizaciones posteriores han sido más acotadas (defensa del salario, el empleo o los recursos naturales), con la excepción de la resistencia casi insurreccional que se registró contra el golpe en Honduras [21]. La economía venezolana ha sido más afectada por la crisis que el promedio sudamericano. Los desbalances tradicionales (dependencia de la factura petrolera, bajísima producción local, alto nivel de importaciones, consumo suntuario) condujeron a nuevas devaluaciones para atemperar el déficit fiscal, en un marco de alta inflación. Las medidas progresistas ( nacionalización del oro) continúan coexistiendo con el favoritismo hacia la “boliburguesía” y el respiro logrado con ciertas acciones reformistas no resuelve los problemas de una economía periférica muy saboteada por las clases dominantes. Aunque la derecha se entusiasmó con la enfermedad de Chávez, la popularidad del presidente persiste y no será fácil impedirle otra renovación de su mandato. El estancamiento del proceso bolivariano obedece más a sus propias contradicciones que al acoso de la reacción [19].
El escenario político
La derecha se mantiene muy activa, pero sin recuperar la iniciativa que tuvo durante el cenit del neoliberalismo. Los principales ganadores de la coyuntura son presidentes de centroizquierda como Dilma Rouseff y Cristina Fernández Krichner, que obtuvieron arrolladores triunfos en los comicios. En ambos casos el oficialismo revalidó títulos, incorporando sectores medios y altos a su base electoral. Mientras que en Brasil la victoria se consumó en un clima de pasividad conservadora y despolitización, en Argentina han prevalecido las tensiones con la derecha, la participación de los movimientos sociales y la renovada politización de la juventud. Uruguay sigue el modelo brasileño de buena letra hacia los capitalistas y desatención de las demandas sociales y también el nuevo mandatario de Perú busca recrear el sendero social-liberal inaugurado por Lula. El limitado impacto que hasta ahora tuvo la crisis global en Sudamérica ha contribuido a este afianzamiento del centro-izquierdismo. Pero lo más llamativo es la creciente atracción que ejerce esa referencia sobre los gobiernos más radicales de Venezuela, Bolivia (y en cierta medida Ecuador). Estas administraciones surgieron confrontando con el imperialismo, impulsando movilizaciones populares y promoviendo reformas democráticas y sociales. Ahora enfrentan encrucijadas que determinarán su futuro.
Definiciones en el eje radical
Tanto la entrega de varios militantes de la insurgencia al gobierno colombiano como el apoyo a dictadores árabes (especialmente de Siria) suscitan malestar. Si la profundización del proceso bolivariano continúa posponiéndose, este proyecto quedará congelado y comenzará a equipararse con los restantes gobiernos de centroizquierda. La misma disyuntiva afronta Bolivia. La estatización de los hidrocarburos quedó reducida y persisten los privilegios de las compañías extranjeras. La reforma agraria sigue pospuesta y las mejoras populares no están a tono con la derrota del neoliberalismo. La masiva resistencia al incremento de precios del combustible (“Gasolinerazo”) fue la primera advertencia de este estancamiento. Un segundo choque con pueblos de la selva -que se oponían a la construcción de una carretera- tuvo un corolario represivo brutal. Las medidas descolonizadoras que acompañaron al establecimiento del estado plurinacional son incompatibles con el perfil autoritario que está adoptando el oficialismo. Bolivia no puede prescindir de sus reservas minerales para erradicar el atraso, pero la utilización de estos recursos requiere respetar el medio ambiente, evitar el monocultivo, desarrollar el cooperativismo y compatibilizar en consultas democráticas la multitud de intereses populares en conflicto. El logro de estos objetivos exige, a su vez, abandonar la estrategia de gestar un “capitalismo andino amazónico” [20].
Las mismas contradicciones presentan mayor dimensión en Ecuador. El gobierno ha demostrado firmeza frente a las agresiones estadounidenses, pero continúa confrontando con el movimiento indígena, desconoce las propuestas de preservación de los recursos naturales y pospone la implementación de transformaciones socioeconómicas significativas. El techo de logros que están encontrando los gobiernos radicales repercute directamente sobre el ALBA. Este organismo ha quedado desdibujado frente a UNASUR y sus iniciativas han perdido el impacto inicial que tuvo la creación de TELESUR, la formación de PETROCARIBE, la solidaridad con Cuba, los emprendimientos de salud y alfabetización o el apoyo antiimperialista a Honduras y Haití. El mismo apaciguamiento afecta al p oyecto del socialismo del siglo XXI, que tiende a diluirse en ausencia de estrategias de radicalización anticapitalista. El futuro del ALBA quedará también signado por el resultado de las reformas económicas que han comenzado en Cuba. En una isla con muy pocos recursos no hay pobreza o criminalidad, sino una gran cobertura de las necesidades básicas en un marco de significativa escasez. En lugar de analfabetismo, deserción escolar y mortalidad infantil hay dificultades para continuar el sostenimiento de la educación y la salud gratuitas. Cuba padece la asfixia comercial del bloqueo y las graves adversidades coyunturales que han generado la caída del precio del níquel, los menores ingresos del turismo y los huracanes. Una economía con alta calificación de la mano de obra carece de industria o agricultura productivas y luego del colapso de la URSS debió sobrevivir mediante el turismo, las remesas, el doble mercado y los convenios con empresas extranjeras. Junto a la errónea subsistencia del modelo de estatización integral apareció un importante flujo de divisas, que no se transforma en inversión. Los proyectos para incentivar la actividad mercantil apuntan a contrarrestar esta asfixia, recomponiendo la productividad y reduciendo la dependencia de los alimentos importados. El gran desafío será implementar esta política sin permitir el retorno al capitalismo. Cuba ya salió airosa en el pasado de gestas que parecían irrealizables (período especial, bloqueo, invasiones) y puede alcanzar las nuevas metas con participación popular, democratización y limitaciones a la desigualdad social. El futuro del ALBA y los proyectos de renovación del socialismo dependen en gran medida de ese proceso.
El empalme con los indignados
Las batallas de los últimos años han estado a tono con el alcance acotado que tuvo el descalabro mundial sobre la región. Esta reacción se acrecentaría si aumenta ese impacto, pero esta vez podría incorporar un novedoso empalme con la oleada de protesta que comienza a notarse en todos los continentes. Las reacciones puramente defensivas que rodearon en el 2008 al debut de la crisis han quedado modificadas por la primavera que conmovió al mundo árabe. Las batallas que se libran en Grecia, la irrupción de los indignados españoles, el descontento social en Inglaterra, las huelgas en Italia y los plebiscitos de Islandia ilustran este cambio de clima. La nueva generación ha convertido las redes sociales en un instrumento de organización que cruza las fronteras e incentiva a los ocupantes de Wall Street. La jornada mundial del 15 de octubre pasado reunió a millones de manifestantes en 950 ciudades de 80 países. Esta nueva tónica no tardará en contagiar a la región latinoamericana. La extraordinaria movilización de los estudiantes chilenos podría constituir la primera expresión de esta nueva oleada. Los universitarios y secundarios trasandinos no sólo confrontaron con un gobierno derechista que oscila entre la represión y el vaciamiento de las negociaciones. También conquistaron la simpatía popular, con formas de acción que retoman el viejo formato de la alianza obrera-estudiantil de los 70. “Nuestros hijos no pasarán de curso pero pasarán a la historia”, destacaban las pancartas de las marchas que plantearon una demanda explosiva para el neoliberalismo . La exigencia de gratuidad de la educación desenmascara el escandaloso endeudamiento que padecen los estudiantes y ataca un cimiento de la desigualdad social. Las resistencias en curso cuestionan no sólo a los banqueros y al neoliberalismo, sino al propio sistema capitalista. Se ha puesto a la orden del día definir quién pagará los terribles costos de la crisis y frente a esta disyuntiva vuelve a enhebrarse el tejido de solidaridades de América Latina con los pueblos del Primer Mundo.
Notas
[1] Economista, Investigador, Profesor. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda). Su página web es: www.lahaine.org/katz
[2] Ver: CEPAL-OIT, Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe, junio de 2011. Número 5, www.oit.org.pe/ .
[3] Hemos establecido una comparación con otras conmociones en: Katz Claudio, “ The singularities of Latin America”, The crisis and the left, Socialist Register, vol 48, 2012, Toronto.
[4] Varias evaluaciones de esta iniciativa en: Páez Pedro, “Detrás del desorden económico mundial,” Página 12, 3-10- 2011. Kulfas Matías, “Que integración regional conviene”, Página 12, 20-6-2011. Robba, Alejandro, “ El desafío de la integración financiera regional” , Página 12, 7-8-2011.
[5] Ver: Tovar Eudomar, Consejo Monetario del ALBA, “No podemos evitar el impacto”, Página 12, 3-10-2011.
[6] Brasil, Venezuela y Argentina aportarían cada uno 2.000 millones de dólares al nuevo Banco, Ecuador y Uruguay sumarían 400 millones y Bolivia y Paraguay contribuirían con 100 millones.
[7] A diciembre del 2010 Brasil sólo era superado en esas acreencias por China, Japón, Gran Bretaña y los países árabes exportadores de petróleo. Ver Moniz Bandeira Luiz Alberto, “A crise afecta a todos os países inclusive Brasil”, ALAI, 29-8-2011.
[8] Ver: Berterretche Juan, “¿Acuerdo económico defensivo?”, 19-8-2011, www.kaosenlared
[9] Esta la caracterización: “Articulación de movimientos sociales hacia el ALBA”,16-8-11, Buenos Aires.
[10] Munevar Daniel, Alzas en los precios de alimentos. Una mirada desde América Latina, CADTM, junio 2011. www.cadtm.org/
[11] Ver: Petras James, “Latin America: Road to 21 st century capitalist development”, 25 de octubre de 2010. www.ccun.org
[12] Ver: Goncalvez Reinaldo, Reducao da desigualdade da renda no governo Lula. Analisis comparativo, 20-6-11, www.ie.ufrj.br
[13] Este programa se ha expuesto en el encuentro: “Crecimiento con estabilidad financiera y el nuevo desarrollismo” www.tenthesesonnewdevelopmentalism.org . También: Gaitán Flavio, Boschi Renato, “América Latina recupera el pensamiento desarrollista”, Clarín, 21-12-10
[14] El país se afianza como exportador de materias primas y su participación en el producto industrial mundial ha decaído de 2,9% (1980) a 1,9% (en la década pasada). La tasa de inversión industrial es baja (20%) y el porcentaje de exportaciones manufactureras decayó frente a las materias primas que concentran el 80% de las ventas externas. Pochman Marcio, “O Brasil e a nova desindustrializacao”, 9-6-2011 centrodeestudossindicais.wordpress.com/ El principal promotor del viraje neo-desarrollista es Bresser Pereira, Luiz Carlos, “Globalizacao e competicao”, Folha de Sao Paulo, 2-22-09.
[15] Los neo-desarrollistas se agrupan en torno al denominado “Plan Fénix” www.econ.uba.ar. Su teórico más renombrado es Ferrer Aldo, “El nuevo desarrollismo” Miradas al Sur, 6-11- 2010. Hemos expuesto una caracterización reciente en: Katz Claudio, “A 10 años del 2001: los economistas debate”, Revista Kamchatka Nº 7, Año 4, octubre 2011, FCE-UBA, Buenos Aires.
[16] Ver: Vidal Gregorio, Guillen Arturo, “La necesidad de construir el desarrollo en América Latina”, Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de globalización. CLACSO, 2007, Buenos Aires.
[17] Dos Interpretaciones críticas del neo-desarrollismo en: Azcurra Fernando Hugo, Las diez tesis sobre el Nuevos Desarrollismo elaboradas por economistas heterodoxos www.pctargentina.org/ febrero 2011. SEPLA, “Declaración de Guararema”, Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, Guararema, junio 2011.
[18] Mediante presiones directas de Lula se desnaturalizaron los contratos, se congeló el aumento de la tributación y quedaron anuladas las auditorias. Petrobras volvió a cotizar en Bolsa anotando como propias las reservas del Altiplano y neutralizó los proyectos de transferir la industrialización del gas de Sao Paulo a Bolivia. Andrés Solíz Rada, “Entrevista” Pueblos . Revista de información y debate www.revistapueblos.org/ 27-10-2011.
[19] Aharonian Aram, “Venezuela: dos meses para atravesar un campo minado, ALAI, 6-10-2011.
[20] Ver: Almeyra Guillermo, “Bolivia: el desarrollismo contra el desarrollo”, 2/10/2011, La Jornada. Zibechi Raúl, “La obstinada potencia de la descolonización”, ALAI, 29-9-2011. Manifiesto de la Coordinadora Plurinacional de la Reconducción, 13-7-2011.
[21] Un balance general de las resistencias en: Seoane José, Taddei, Emilio, Algranati Clara, “Tras una década de luchas”, Herramienta, n 46, 2011, Buenos Aires.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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Vi el último programa "Argentina para Armar", de TN.
Nicolás Tereschuck
Estuvieron por un lado, Alejandro Grimson (UNSAM) y Sebastián Etchemdy (UTDT), que estuvieron muy pero muy bien y con mucha altura para responder las imbecilidades que dijo Marcos Novaro. Estuvo Jorge Fernández Díaz, con su habitual tono de cierto dialoguismo con los intelectuales kirchneristas, a quienes ve como más "duros" de lo que son en realidad. Se preocupa demasiado ese hombre.
Lamentablemente, en estos debates se va mucha saliva de los nuestros en explicar que "el kirchnerismo no es un fascismo", algo tan obvio que da pena el planteo, la verdad. Grimson y Etchemendy lo hicieron muy bien.
Creo, de todos modos que el punto de mayor interés del programa fueron las intervenciones de Miguel Bein. Nótese la complejidad del discurso de Bein, que nunca tuvo animosidad contra el kirchnerismo y es el economista que más la pega en los pronósticos de variables económicas que se realizan todos los años. Pueden ver en el video cómo asiente cuando Sebastián Etchemendy destaca que Kirchner se metió con gente con la que no se metían los presidentes, como los acreedores externos, los medios de comunicación, etc. Reproduzco sus intervenciones textuales:
Lo que pasó es sencillo. Mientras en un país sobran dólares uno acepta una tasa de interés en pesos que puede ser igual a la mitad de la tasa de inflación porque total, uno mide culturalmente en dólares y el dólar se va a quedar quieto. Entonces 11 por ciento en pesos estaba muy bien. Pero se terminaron los dólares macroeconómicos, se terminó el excedente, no es que no hay.
Hoy estamos ya en equilibrio externo. En equilibrio externo el dólar se va a empezar a deslizar probablemente en línea con la inflación y por lo tanto la tasa de interés que era 11, hoy está en 20, 22. Esto es lo que pasó y a la Argentina y "a la argentina", al estilo argentino se hace todo en dos meses. Para subir la tasa de interés 10 puntos en cualquier país se hace en 46 años. En Argentina se hace en 46 días.
La tasa de interés va a ser mucho más alta que la que era, es inevitable. Nadie va a aceptar una vez que dejan de sobrar dólares y dejan de sobrar dólares porque si el dólares se queda en estos niveles y la tasa de inflación hoy está en descenso, de 23 a una zona de 19 o 18.
Este año los salarios subieron 28 y el dólar 8. Yo el año que viene le aseguro que eso no va a pasar.
Hay gente que se asusta.(...) Yo tengo algunos clientes que están entre las 10 empresas más grandes de la Argentina y el lunes aplicaban el aplicativo de la AFIP para ver cuántos dólares podían comprar y les salía "cero". Eso se empezó a corregir un poco pero se armó un clima de cierta inquietud. Las medidas tienen un fundamento y están bien presentadas. Tiene criterio. Ninguna persona que tiene tanto o gana tanto puede comprar siete veces más dólares que lo que tiene. Pero se hicieron de tal manera sin ensayo. Y la gente dijo ¿cómo si tengo dinero en el banco no puedo comprar, qué pasa acá? Hoy la mayor inquietud es esa, no el fundamento o la filosofía de la acción
Tenía mucho que ver y en ese sentido me parece que está bien, con frenar el uso de fondos ilegales o no declarados para acceder a las reservas del Banco Central.
¿En qué pensaba el Gobierno cuando usó 65 mil millones de pesos de subsidio a los que no lo necesitan, son seis asignaciones universales por hijo? Argentina aprovechó bien sus oportunidades. Arrancó en el híper desempleo y en la híper pobreza y llegó casi al pleno empleo en ocho años, es un tren bala, al 8 por ciento de crecimiento. Ese ciclo se terminó. El modelo no está agotado. El modelo llegó. Llegó adonde tenía que llegar, que era llegar al pleno empleo de los factores productivos, el camino del desarrollo es una cosa totalmente distinto. Argentina no va a crecer al 8, ni siquiera al 7 en los próximos cuatro años. Porque su tasa de invesión no le permite crecer arriba del 4 y medio, 5 y crecer al 5 es maravilloso después de tener un país normalizado. Sería importante saber si a partir de ese diagnóstico, cómo reacciona el gobierno, para qué lado va a ir. ¿Va a ir para que los argentinos estén viendo la oportunidad para llevarse los dólares de los bancos o si en los próximos 20 años los argentinos van a empezar a traer parte de los 150 mil millones de dólares que tienen en el exterior?
Hubo dos agendas. Hubo una agenda y otra de contraataque. Yo no estoy en contra del apriete sobre los fondos ilegales que iban sobre el dólar. En todo caso puedo criticar las formas. Este gobierno tiene una gran capacidad para entrar en los bazares a bordo de elefantes independientemente que era necesario entrar al bazar.
(...)
Acá lo que va a pasar es otra cosa me parece. Cuando a vos la economía te da plafón. Cuando te sobran los dólares que te sobraban y podés aumentar salarios en dólares al 18 por ciento por año vos no querés compartir el escenario con nadie. Entonces no hay consenso posible. La Asignación Universal por Hijo (AUH), había un consenso previo y el gobierno no la quiso compartir dijo "es nuestra" y no se sacó una foto con nadie. Cuando haya que empezar a tomar decisiones distintas porque la economía cambió, porque el excendente de dólares se terminó va a aparecer el consenso porque va a haber que compartir algunas decisiones no tan favorables. La Argentina va a otra agenda, a una agenda de administración de lo conseguido y de buscar que no tengamos otra recaída que nos lleve de vuelta al principio. La economía le va a poner a la política una agenda completamente distinta donde al gobierno le va a interesar ir a buscar ciertos consensos para tomar ciertas decisiones que no van a ser fáciles.
(...)
Lamento pincharles algún globo, pero me parece que la política entra a la defensiva porque la economía entra a la defensiva. El que no lo quiera ver, que no lo vea. No se puede seguir discutiendo al aire libre una vez que empezó a llover. En todo caso, buscá paraguas. Va a ser todo bastante distinto. Hay un debate interno adentro del gobierno, no menor, si vamos por el dinero de los argentinos en los próximos 20 años para que venga acá y esto termine de ser un país donde se pueda además de consumir, discutir, pelearse, además invertir y quedarse o si vamos a dar la pelea un año más al 8 y a ver a quién se la sacamos.
Hasta hace 15 días la tasa de interés era la mitad de la tasa de inflación y hoy la tasa está 10 puntos más alta.
Les aviso que los debates sobre la estructuración del poder, las instituciones y los consensos van a tener un contexto económico bastante distinto.
Esto es muy distinto que 2009, sobraba dólar macroeconómico. Hoy te enfrentás a una Argentina que llegó a su potencial de corto plazo.
Extraido del Blog
http://www.vidabinaria.blogspot.com/
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El despertar
Por Claudio Scaletta
Luego de cierta inactividad en los meses previos a las elecciones, la actual administración se sacudió la modorra y avanzó en dos frentes con medidas que adelantan direcciones y ejes de gestión. Estos frentes son el cambiario y el fiscal. Comprender ambos frentes demanda aclaraciones. En lo económico el modelo kirchnerista nunca fue explícito, sino tácito. Nunca existió, por ejemplo, algo parecido a un plan de desarrollo. Aunque con lineamientos muy marcados “el modelo” fue, antes que nada, resultado del pragmatismo. La materia original fueron las necesidades acuciantes de la salida de una de las peores crisis de la historia económica argentina. Los lineamientos fueron el crecimiento conducido por la demanda y la recuperación del empleo y el salario. El resto fue construcción y, en origen, supuso tipo de cambio competitivo, segmentado vía retenciones, y desendeudamiento.
Pero en el presente algunas variables muestran signos de agotamiento. Por ejemplo: la puja distributiva generó aumentos del índice general de precios. Pero la inflación no sería un problema si no fuese por su interacción con el tipo de cambio. La inflación también se registró en dólares. La primera consecuencia fue la más conocida para los casos de revaluación: la pérdida de competitividad. Tras el superdólar de la inmediata posconvertibilidad, era esperable una reducción de márgenes, pero la reducción no puede ser infinita. A medida que el dólar se hace más barato aparecen algunos problemas. El principal es la “restricción externa”. Primero el superávit de divisas se reduce, luego desaparece y finalmente reaparece el déficit. Si esto último ocurre pueden suceder dos cosas: se evaporan las reservas internacionales o se recurre al endeudamiento externo. Pero conviene no exagerar, por ahora la economía está sólo en el primer escalón de la restricción: la reducción del superávit externo. Esta reducción responde a por lo menos tres razones. La primera es que el abaratamiento del dólar alienta las importaciones. La segunda es que reduce la competitividad de las exportaciones, y la tercera es que fomenta la salida de capitales. Esta tiene varias formas. La primera son los ahorristas pasándose a dólares en busca de reserva de valor, la segunda es la fuga propiamente dicha y la tercera es que las filiales locales de las multinacionales giran al exterior más utilidades porque sus ganancias en dólares son mayores. Estos elementos sirven para comprender las alianzas sociales que se generan a favor de este statu quo.
El sector financiero, las multinacionales y el capital importador se encuentran cómodos con la revaluación, mientras que los sectores productores de bienes, en relación directa con la cantidad de mano de obra empleada, no.
Luego está la dimensión fiscal. Una de las tantas complicaciones con que se encontraron los hacedores de política durante la salida de la convertibilidad fue que el grueso de las tarifas de los servicios estaban dolarizadas, no sólo por el régimen económico del 1 a 1, sino contractualmente tras las privatizaciones. Ello motivó dos cosas: en muchos casos la ruptura de aquellos contratos, lo que dio lugar a juicios en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial (no debe olvidarse que en los ‘90 se renunció hasta a la soberanía jurídica), y en segundo lugar a la necesidad de subsidios para mantener el funcionamiento de muchos de estos servicios. Adicionalmente, los subsidios, que tuvieron no pocas desprolijidades (como suele suceder con este tipo de instrumentos en el marco de un aparato de Estado en reconstrucción), cumplieron una doble función para los consumidores. La primera fue una transferencia extrasalarial para las familias, y la segunda una reducción de costos para las empresas. Las transferencias fueron gasto público con una orientación social y estructural muy clara. Dicho de otra manera: el sistema funcionaba como un relojito; por un lado se diferenciaban tipos de cambio en una estructura productiva desequilibrada vía retenciones, y por otro, con el ingreso de las retenciones se financiaban transferencias a los consumidores que beneficiaban a la oferta de bienes vía menores costos empresarios e incentivaban la demanda al generar ingresos extrasalariales.
Pero la realidad económica es dinámica. Por un lado la puja distributiva con revaluación cambiaria redundó en un aumento de la nominalidad de la economía, con deterioro del frente externo, por otro, el aumento de nominalidad con congelamiento tarifario supuso como contrapartida el aumento constante de los subsidios, con deterioro del frente fiscal. No son desastres apocalípticos, sólo frentes que deben ser atendidos. Las medidas conocidas tras el triunfo en las elecciones apuntan a esas cuestiones.
En el frente cambiario, sin embargo, las medidas parecen trabajar más sobre los efectos que sobre las causas. La primera medida fue terminar con el privilegio de mineras y petroleras para dejar parte o la totalidad de sus divisas de exportación en el exterior. La segunda, conocida esta semana, fue desalentar la dolarización a través de un monitoreo más estricto sobre la compra de divisas. La llamada fuga de capitales, que en los primeros nueve meses del año sumó 16.000 millones de dólares, se constituyó también con el pasaje a dólares de los “ahorristas”. En los primeros tres trimestres quienes compraron divisas fueron, según informó este diario, 3 millones de personas físicas y jurídicas, de las que sólo 6000 (el 0,2 por ciento) adquirieron más de 250 mil dólares cada uno por un total de 5600 millones (37 por ciento de “la fuga”). Los números indican una gran dispersión de los compradores, lo que supone que muchos “actores no especializados” pasaron sus pesos a divisas. Esto fue lo que se quiso comenzar a desalentar. Lo más probable es que se consigan dos cosas, que algunos pocos descarten pasarse a dólares y que el pasaje a divisas del dinero del circuito no registrado, se encarezca. No es otra cosa que la conocida historia de la ley seca. En las economías mercantiles, y por ahora no se conocen otras, las restricciones sobre la oferta generan mercados negros. Marginalmente puede esperarse un poco de blanqueo. Son medidas necesarias, que debían tomarse, pero que apenas representan un primer paso. Y por supuesto, no son medidas que atacan el problema de fondo, que es el nivel del tipo de cambio.
En materia de subsidios, la bola creció muy rápidamente. De acuerdo con un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), en el Presupuesto 2012 tales subsidios suman 75.273 millones de pesos. De este total, unos 42.000 millones, el 55 por ciento del total, son los subsidios al sector energético: entre ellos a la generación eléctrica a través de Cammesa, alrededor de 21.800 millones destinados a mantener la estabilidad tarifaria, y otros 11.600 millones a Enarsa para la importación de combustibles. En segundo lugar en importancia se encuentran los subsidios al transporte, que representan unos 19.000 millones. Dejando de lado los subsidios para Aerolíneas Argentinas y Austral, unos 2500 millones, el resto se destinan al poco federal sostenimiento del transporte urbano e interurbano de colectivos y trenes en el área urbana de Buenos Aires. Las empresas públicas, en tanto, recibirán unos 10.000 millones, la mitad irán para AySA, otro de los gastos heredados, junto con Aerolíneas, de la necesidad de hacerse cargo del ruinoso resultado de muchas privatizaciones.
Las iniciativas anunciadas esta semana apuntan a la reducción de apenas 600 millones de estos subsidios, pero se supone que serán sólo un punto de partida y vale notar que afectan a sectores privilegiados que registraron superganancias en los últimos años, como las empresas extractivas, la actividad financiera y bancaria, casinos y telefonía celular, entre otros. La medida va en el camino correcto en tanto quedó demostrado que el carácter universal de los subsidios a las tarifas energéticas, agua y transporte provocaba no pocas injusticias, empezando por los 600 millones que se borrarán a partir de esta semana. Sin embargo, del detalle surge que la eliminación de otra parte de estos subsidios podría tener efectos estructurales, es decir, multiplicar mayores costos sobre el conjunto de la economía y retirar ingresos extrasalariales de la demanda efectiva. De aquí la necesidad de crear un cuerpo especial que estudie globalmente los efectos de cada poda que se decida en adelante
Columna de Opinión aparecida en CASH, Suplemento económico del Diario Página/12. Domingo 06.11.2011
