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jueves, 9 de febrero de 2012

"El pueblo boliviano vive la mayor revolución social"

Entrevista al vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera



Luis Hernández Navarro
La Jornada

"Los indígenas, que estaban predestinados a ser campesinos, obreros, porteros o meseros, hoy son ministros, legisladores, directores de empresas públicas, magistrados de justicia, gobernadores o presidente"


Además de ser el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera es uno de los intelectuales de izquierda latinoamericanos más relevantes en el continente. Aunque su carrera original es la de matemático (la estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México), se formó como sociólogo en la cárcel y en la práctica.

Él ha teorizado la experiencia de transformación boliviana como nadie lo ha hecho, es decir, con originalidad, profundidad y frescura. Y la experiencia boliviana hoy es una referencia obligada y cada vez con mayor ascendencia en el movimiento popular latinoamericano. García Linera conoce y domina a profundidad el marxismo clásico, pero está muy lejos de ser doctrinario. Su pensamiento está muy influido por la obra de Pierre Bordieu.

En entrevista con La Jornada, el vicepresidente señala que el hecho fundamental que se ha vivido en el actual proceso de transformación política en curso es que los indígenas, que son mayoría demográfica, hoy son ministros y ministras, diputados, senadores, directores de empresas públicas, redactores de constituciones, máximos magistrados de la justicia, gobernadores; presidente. Este hecho –señala– es la mayor revolución social e igualitaria acontecida en Bolivia desde su fundación.

García Linera caracteriza el modelo económico de su país como posneoliberal y de transición poscapitalista. Un modelo que ha recuperado el control de los recursos naturales que estaban en manos extranjeras para colocarlos en manos del Estado, dirigido por el movimiento indígena.

–Hace seis años que ustedes gobiernan Bolivia. ¿Se ha avanzado realmente hacia la descolonización del Estado?

–En Bolivia, el hecho fundamental que hemos vivido ha sido que aquellas personas, mayoría demográfica antes y hoy, los indígenas, los indios, a quienes la brutalidad de la invasión y los sedimentos centenarios de la dominación habían establecido en el propio sentido común de las clases dominantes y las clases dominadas, que estaban predestinados a ser campesinos, obreros de bajo oficio, artesanos informales, porteros o meseros, hoy son ministros y ministras, diputados, senadores, directores de empresas públicas, redactores de constituciones, máximos magistrados de la justicia, gobernadores; presidente.

“La descolonización es un proceso de desmontamiento de las estructuras institucionales, sociales, culturales y simbólicas que subsumen la acción cotidiana de los pueblos a los intereses, a las jerarquías y a las narrativas impuestas por poderes territoriales externos. La colonialidad es una relación de dominación territorial que se impone a la fuerza y con el tiempo se ‘naturaliza’, inscribiendo la dominación en los comportamientos ‘normales’, en las rutinas diarias, en las percepciones mundanas de los propios pueblos dominados. Por tanto, desmontar esa maquinaria de dominación requiere mucho tiempo. En particular el tiempo que se necesita para modificar la dominación convertida en sentido común, en hábito cultural de las personas.

“Las formas organizativas comunales, agrarias, sindicales del movimiento indígena contemporáneo, con sus formas de deliberación asambleística, de rotación tradicional de cargos, en algunos casos, de control común de medios de producción, son hoy los centros de decisión de la política y buena parte de la economía en Bolivia.

“Hoy, para influir en los presupuestos del Estado, para saber la agenda gubernamental no sirve de nada codearse con altos funcionarios del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo, de las embajadas estadunidense o europeas. Hoy los circuitos del poder estatal pasan por los debates y decisiones de las asambleas indígenas, obreras y barriales.

“Los sujetos de la política y la institucionalidad real del poder se han trasladado al ámbito plebeyo e indígena. Los llamados anteriormente ‘escenarios de conflicto’, como sindicatos y comunidades, hoy son los espacios del poder fáctico del Estado. Y los anteriormente condenados a la subalternidad silenciosa hoy son los sujetos decisores de la trama política.

“Este hecho de la apertura del horizonte de posibilidad histórica de los indígenas, de poder ser agricultores, obreros, albañiles, empleadas, pero también cancilleres, senadores, ministras o jueces supremos, es la mayor revolución social e igualitaria acontecida en Bolivia desde su fundación. ‘Indios en el poder’, es la frase seca y despectiva con la que las señoriales clases dominantes desplazadas anuncian la hecatombe de estos seis años.”

–¿Cómo caracterizar el modelo económico que se ha puesto en práctica? ¿Es una expresión del socialismo en el siglo XXI? ¿Es una modalidad de posneoliberalismo?

–Básicamente posneoliberal y de transición poscapitalista. Se ha recuperado el control de los recursos naturales que estaba en manos extranjeras, para colocarlo en manos del Estado, dirigido por el movimiento indígena (gas, petróleo, parte de los minerales, agua, energía eléctrica); en tanto que otros recursos, como la tierra fiscal, el latifundio y los bosques, han pasado a control de comunidades y pueblos indígeno-campesinos.

“Hoy el Estado es el principal generador de riqueza del país, y esa riqueza no es valorizada como capital; es redistribuida en la sociedad a través de bonos, rentas y beneficios sociales directos de la población, además del congelamiento de las tarifas de los servicios básicos, los combustibles y la subvención de la producción agraria. Intenta priorizar la riqueza como valor de uso, por encima del valor de cambio. En ese sentido, el Estado no se comporta como un "capitalista colectivo" propio del capitalismo de Estado, sino como un redistribuidor de riquezas colectivas entre las clases laboriosas y en un potenciador de las capacidades materiales, técnicas y asociativas de los modos de producción campesinos, comunitarios y artesanales urbanos. En esta expansión de lo comunitario agrario y urbano depositamos nuestra esperanza de transitar por el poscapitalismo, sabiendo que también esa es una obra universal y no de un solo país.”

–¿Cómo se ve desde Bolivia el proceso de integración regional? ¿Qué papel juegan Estados Unidos y España? ¿Qué espacio tienen China, Rusia e Irán?

–El continente latinoamericano está atravesando un ciclo histórico excepcional. Gran parte de los gobiernos son de carácter revolucionario y progresista. Los gobiernos neoliberales tienden a aparecer como retrógrados. Y a la vez, la economía latinoamericana ha desplegado iniciativas internas que le están permitiendo afrontar de una manera vigorosa los efectos de la crisis mundial. En particular, la importancia de los mercados regionales y la vinculación con Asia han definido una arquitectura económica continental de nuevo tipo. Hay que apostar por profundizar esta articulación regional y, si es posible, por proyectarnos como una especie de Estado regional de estados y naciones. Comportarnos como Estado regional en el ámbito del uso y negociación planetaria de las grandes riquezas estratégicas que poseemos (petróleo, minerales, litio, agua, agricultura, biodiversidad, industria semielaborada, fuerza de trabajo joven y calificada..), e internamente, respetar la soberanía estatal y las identidades nacionales regionales que tiene el continente. Sólo así podremos tener voz y fuerza propia en el curso de las dinámicas de mundialización de la vida social.

–¿Hay un papel activo de Washington para sabotear la transformación boliviana en curso?

–El gobierno estadunidense nunca ha aceptado que las naciones latinoamericanas puedan definir su destino porque siempre ha considerado que formamos parte del área de influencia política para su seguridad territorial, y somos su centro de acopio de riquezas, naturales y sociales. Cualquier disidencia a este enfoque colonial coloca a la nación insurgente en la mira de ataque. La soberanía de los pueblos es el enemigo número uno de la política estadunidense.

“Eso ha pasado con Bolivia en estos seis años. Nosotros no tenemos nada contra el gobierno estadunidense ni contra su pueblo. Pero no aceptamos que nadie, absolutamente nadie de afuera nos tenga que venir a decir lo que tenemos que hacer, decir o pensar. Y cuando como gobierno de movimientos sociales comenzamos a sentar las bases materiales de la soberanía estatal al nacionalizar el gas; cuando rompimos con la vergonzante influencia de las embajadas en las decisiones ministeriales; cuando definimos una política de cohesión nacional enfrentando abiertamente las tendencias separatistas latentes en oligarquías regionales, la embajada de Estados Unidos no sólo apoyó financieramente a las fuerzas conservadoras, sino las organizó y dirigió políticamente, en una brutal injerencia en asuntos internos. Eso nos obligó a expulsar al embajador y luego a la agencia antidrogas de ese país (DEA).

“Desde entonces los mecanismos de conspiración se han vuelto más sofisticados: se usan organizaciones no gubernamentales, se infiltran a través de terceros en las agrupaciones indígenas, dividen y proyectan liderazgos paralelos en el campo popular, como quedó recientemente demostrado mediante el flujo de llamadas desde la propia embajada a algunos dirigentes indígenas de la marcha del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el año pasado.

“En todo caso, nosotros buscamos relaciones diplomáticas respetuosas, pero también estamos atentos a repeler las intervenciones extranjeras de ‘alta’ o ‘baja’ intensidad.”

–Desde algunos sectores de izquierda se ha señalado que el bloque conservador ha logrado rearticularse y tomado la ofensiva, mientras el movimiento social que llevó al MAS al poder ha sido absorbido por la política institucional. ¿Es correcta esta apreciación?

–Hoy el bloque conservador, de oligarquías extranjerizantes, no tiene un proyecto alternativo de sociedad capaz de articular una voluntad general de poder. El horizonte de la actual política boliviana está marcado por un trípode virtuoso: la plurinacionalidad (pueblos y naciones indígenas al mando del Estado); la autonomía (desconcentración territorial del poder), y la economía plural (coexistencia articulada por el Estado de diversos modos de producción).

“Derrotado temporalmente el proyecto neoliberal de economía y sociedad de la derecha, lo que hoy caracteriza a la política boliviana es la emergencia de ‘tensiones creativas’ en el interior del mismo bloque nacional-popular en el poder. Pasados los grandes momentos de ascenso de masas, donde se construyó el ideario universal de las grandes transformaciones, el movimiento social vive en algunos casos un proceso de repliegue corporativo. Tienden a prevalecer por momentos intereses locales por encima de los nacionales, o las organizaciones se enroscan en pugnas internas por el control de cargos públicos. Pero también emergen nuevas temáticas no previstas sobre cómo conducir el proceso revolucionario. Es el caso del tema de la defensa de los derechos de la madre tierra, tensionados con la exigencia también popular de industrializar los recursos naturales.

"Como se ve, se trata de contradicciones en el interior del pueblo, tensiones que someten a debate colectivo el modo de llevar adelante los cambios revolucionarios. Y eso es sano, es democrático y es el punto de apoyo de la renovación vivificante de la acción de los movimientos sociales. Aunque también se trata de contradicciones que podrían ser usadas por el imperialismo y las fuerzas de derecha agazapadas que de modo ventrílocuo y travestido proyecten sus intereses de largo plazo, a través de algunos sujetos populares y de discursos aparentemente altermundistas y ecologistas."

–En septiembre del año pasado, la marcha de los pueblos indígenas en defensa del TIPNIS y en contra de la construcción de una carretera fue reprimida por la policía. El hecho fue presentado ante la opinión pública como la pérdida de apoyo indígena al gobierno de Evo Morales. Se afirmó que el gobierno boliviano se empecinó en construir la carretera porque había recibido apoyo económico de la empresa petrolera brasileña OAS. ¿Es cierto?

–La población indígena en Bolivia, al igual que en Guatemala, es mayoritaria respecto del resto de los habitantes. El 62 por ciento de los bolivianos son indígenas. Las principales naciones indígenas son la aymara y la quechua, con cerca de 6 millones de personas ubicadas principalmente en el altiplano, los valles, las zonas de yungas y también en tierras bajas. Otras naciones indígenas son los guaraníes, moxeños, yuracares, chiman, ayoreos y otras 29 que habitan la Amazonia, la Chiquitania y el Chaco en tierras bajas. La población total de estas naciones de tierras bajas se estima entre 250 mil y 300 mil habitantes en total.

“El conflicto sobre el TIPNIS ha involucrado a algunos pueblos indígenas de tierras bajas, pero se mantiene el apoyo de los indígenas de tierras altas y valles, que son 95 por ciento de la población indígena de Bolivia. Y de los indígenas movilizados, la mayor parte eran dirigentes de otras zonas que no son precisamente del TIPNIS, pero que cuentan con un apoyo sistemático de organismos no gubernamentales ambientalistas, varias de ellas financiadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), además del respaldo de las principales redes de comunicación televisiva privada, de propiedad de viejos militantes de la oligarquía separatista, y con amplia influencia en la construcción de la opinión pública de clase media. Estos días ha llegado a La Paz otra marcha, también de indígenas de tierras bajas, y con mayor presencia de indígenas del TIPNIS, que demandan la construcción de la carrtera por el parque, argumentando que no es posible que se los margine de los derechos a la salud, educación y transporte, a los que hoy sólo pueden acceder después de días de caminata.

“El problema es complejo. Están entremezclados temas propios del debate revolucionario, como el del difícil equilibrio entre el respeto a la madre tierra y la necesidad urgente de vincular al país después de siglos de devertebración aislacionista de regiones. Está el debate entre la relación orgánica y el liderazgo de los pueblos indígenas de tierras altas en el Estado plurinacional, diferente a la relación aún ambigua con el Estado plurinacional por parte de los pueblos indígenas de tierras bajas.

“Pero también está de por medio la estrategia de la oligarquía regional cruceña de impedir esa carretera, que desvincularía la actividad económica de toda la Amazonia de su control empresarial. Está el interés estadunidense de resguardar la Amazonia como su reservorio de agua y biodiversidad, y el de promover divisiones entre los liderazgos indígenas para crear condiciones para la expulsión de los indígenas del poder estatal. Está el interés de algunas ONG acostumbradas a hacer grandes negocios privados con los parques.

"En todo caso, en medio de esta trama de intereses, como gobierno tenemos que tener la capacidad de resolver democráticamente las tensiones internas, y de develar y neutralizar los intereses contrarrevolucionarios que muchas veces se visten de ropaje seudorrevolucionario."

–¿Por qué construir esa carretera a pesar de la oposición de una parte de la población?

–Por tres motivos. El primero, para garantizar a la población indígena del parque el acceso a los derechos y garantías constitucionales: agua potable para que los niños no se mueran de infecciones estomacales. Escuelas con profesores que enseñen en su idioma, preservando su cultura y enriqueciéndola con las otras culturas. Acceso a mercados para llevar sus productos sin tener que navegar en balsas una semana para vender su arroz o comprar sal 10 veces más cara que en cualquier tienda de barrio.

“El segundo motivo, la carretera permitirá vincular por primera vez la Amazonia, que es una tercera parte del territorio boliviano, con el resto de las regiones de los valles y altiplano. Bolivia mantiene aislada a la tercera parte de su territorialidad, lo que ha permitido que la soberanía del Estado sea sustituida por el poderío del patrón de hacienda, del maderero extranjero o el narcotraficante.

"Y el tercer motivo es de carácter geopolítico. Las tendencias separatistas de la oligarquía, que estuvieron a punto de dividir Bolivia en 2008, fueron contenidas porque se les derrotó políticamente durante el golpe de Estado de septiembre de ese año, y porque parte de su base material, la agroindustria, fue ocupada por el Estado. Sin embargo, hay un último pilar económico que mantiene en pie a las fuerzas retrógradas de tendencias separatistas: el control de la economía amazónica, que para llegar al resto del país, obligatoriamente, tiene que pasar por el procesamiento y financiación de empresas bajo control de una fracción oligárquica asentada en Santa Cruz. Una carretera que vincule directamente la Amazonia con los valles y el altiplano reconfiguraría radicalmente la estructura de poder económico regional, derrumbando la base material final de los separatistas y dando lugar a un nuevo eje geoeconomico al Estado. Lo paradójico de todo esto es que la historia haya colocado a algunos izquierdistas como los mejores y más locuaces defensores de los intereses más conservadores y reaccionarios que tiene el país."

–Se ha dicho que Bolivia sigue siendo un abastecedor de materias primas en el mercado internacional y que el modelo de desarrollo en práctica (que algunos analistas han calificado como extractivista) no cuestiona este papel. ¿Es cierto? ¿Se trata de una fase transitoria de acumulación que se acompaña de una redistribución de la renta?

–Ni el extractivismo ni el no-extractivismo, ni el industrialismo son una vacuna contra la injusticia, la explotación y la desigualdad. En sí mismos, no son ni modos de producir ni modos de gestionar la riqueza. Son sistemas técnicos de procesar la naturaleza mediante el trabajo. Y dependiendo de cómo se usen esos sistemas técnicos, de cómo se gestione la riqueza así producida, se podrá tener regímenes económicos con mayor o menor justicia, con explotación o sin explotación del trabajo.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/02/07/politica/002e1pol

martes, 13 de diciembre de 2011

Para Evo Morales hay que democratizar para profundizar el cambio

Atilio A. Boron
Rebelión

En el día de ayer el presidente Evo Morales inauguró en Cochabamba el “Primer Encuentro Plurinacional para Profundizar el Cambio” que está transformando a la sociedad boliviana. Lo que la prensa denominó como “Cumbre Social” reunió una multitudinaria concurrencia de más de mil delegados de diversos movimientos sociales de todas las regiones del país, que acudieron a un cónclave cuya primera fase durará tres días y en los cuales diez comisiones de trabajo examinarán otros tantos temas y desafíos cruciales del momento actual. El Vicepresidente Álvaro García Linera así como ministros y altos funcionarios del gobierno nacional estuvieron presentes en esas comisiones, aportando información y sobre todo escuchando las demandas y muy especialmente los planteos y propuestas que dieron a conocer los movimientos. Estas primeras conclusiones serán presentadas y nuevamente discutidas en una serie de reuniones que tendrán lugar en las próximas semanas en los distintos departamentos (provincias) de Bolivia, en preparación para un segundo y definitivo período de sesiones entre el 10 y el 12 de enero y en el cual se fijarán las principales directivas de la agenda de transformaciones para los años venideros.
En su discurso inaugural Evo recalcó la importancia de una discusión democrática y plural para consolidar el proceso de cambios inaugurado desde su llegada al Palacio Quemado en 2006. A diferencia de la mayoría de las intervenciones de otros presidentes o jefes de estado en cualquier parte del mundo, Evo comenzó la suya señalando lo que él mismo calificó como los errores cometidos por su gobierno. No empezó hablando de sus aciertos sino de la inseguridad, de los problemas de empleo, de la corrupción presente en ciertos elementos de los escalones inferiores de la burocracia, de la necesidad de mejorar el desempeño económico. Sólo después se dedicó a enumerar los muchos logros de su gestión, con cifras contundentes: casi dos millones de niños beneficiados por el bono Juancito Pinto; ochocientos mil ancianos recibiendo una importante ayuda monetaria; el avance en los programas de salud y educación públicas; el fortalecimiento de las finanzas del estado gracias al cumplimiento del mandato popular que exigía la nacionalización de los hidrocarburos; la duplicación del salario mínimo y la rápida transformación que hizo que Bolivia dejara de ser un “estado colonial mendigo” (son sus palabras), que vivía de los préstamos para pagar a sus empleados públicos, para convertirse en un estado plurinacional que por primera vez en la historia acumula reservas por valor de 12.000 millones de dólares, una cifra impactante si se tiene en cuenta el tamaño de la economía boliviana.



Por supuesto que también habló de política: dijo en un pasaje de su discurso que antes había grupos y organizaciones que se movilizaban para que los gobiernos hicieran obras; ahora hay minorías muy estridentes que “se movilizan para que el gobierno no las haga. Pero debemos hacerlas, respetando a la Madre Tierra: de lo contrario, ¿cómo podríamos vivir sin industrias, sin petróleo, sin gas, sin la minería?” En una época en que un organismo como el Banco Central Europeo saca y pone gobernantes en Grecia, Italia y Portugal, Evo enfrenta los desafíos de su gobierno profundizando la democracia, facilitando el diálogo horizontal entre gobernantes y gobernados, y haciendo verdad el apotegma zapatista de “mandar obedeciendo”. Esta sana inclinación a fundirse con su pueblo, a tonificarse escuchando sus críticas y sus propuestas es una de las razones fundamentales de su popularidad. La derecha no es una opción de gobierno y su única chance es el golpe de estado; la izquierda hiper-radicalizada, por su parte, muestra una sospechosa desproporción entre el eco que sus feroces críticas a Evo encuentran en los medios hegemónicos y su escaso sustento de masas. Por lo visto hasta ahora Evo sigue siendo imbatible en el terreno electoral, y si profundiza su agenda de cambios lo será aún más.

miércoles, 28 de septiembre de 2011

Bolivia: cinco notas acerca del conflicto de TIPNIS

Rebelión
Las ONG equivocadas respecto a Morales y la Amazonía


Federico Fuentes
Bolivia Rising

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

Declaraciones, artículos, cartas y peticiones han estado circulando en Internet durante el pasado mes pidiendo un fin a la “destrucción de la Amazonía”.
El objetivo de esas iniciativas no han sido las corporaciones transnacionales ni los poderosos gobiernos que las respaldan, sino el gobierno del primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales.
Al centro del debate está la controvertida propuesta del gobierno boliviano de construir una carretera a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El TIPNIS, que cubre más de 1 millón de hectáreas de bosques, obtuvo el estatuto de territorio indígena del gobierno de Evo Morales en 2009. Cerca de 12.000 personas de tres grupos indígenas diferentes viven en 64 comunidades dentro del TIPNIS.
El 15 de agosto, representantes de la Subcentral del TIPNIC que une a esas comunidades, así como a otros grupos indígenas, iniciaron una marcha a la capital, La Paz, para protestar contra el plan de la carretera.
Se han iniciado peticiones inerncionales declarando su apoyo para esta marcha y condenando al gobierno de Morales por debilitar los derechos indígenas.
La gente del TIPNIS tiene preocupaciones legítimas sobre el impacto de la carretera. Tampoco cabe duda de que el gobierno haya cometido errores en su manejo del tema.
Por desgracia, peticiones como la iniciada por el grupo de lobby internacional Avaaz y una carta del 21 de septiembre a Morales, firmada por más de 60 grupos ecologistas, en su mayoría de afuera de Bolivia, distorsionan los hechos y dan una dirección errónea a su ataque.
Podrían, sin quererlo, ayudar a los oponentes a la lucha global por la justicia climática.
Avaaz advierte que la carretera permitiría “que empresas extranjeras se repartan la Amazonía: …disparará aún más la fiebre depredadora sobre una de las selvas más importantes del mundo”. Pero no menciona que la destrucción ya tiene lugar en el área, en algunos casos con la complicidad de comunidades indígenas locales.
Por otra parte, el gobierno de Morales ha prometido introducir una nueva ley, en consulta con comunidades dentro del TIPNIS, para agregar nuevas protecciones para el parque nacional.
La ley propuesta fijaría penas de cárcel de entre 10 y 20 años por asentamientos ilegales, el cultivo de coca o tala de árboles en el parque nacional.
Avaaz también afirma que “inmensos intereses económicos” motivan el apoyo de Morales a la carretera. Pero Avaaz omite los beneficios que una carretera semejante (pase finalmente o no por el TIPNIS) producirá para Bolivia y sus pueblos.
Por ejemplo, esa carretera de 306 kilómetros que vincula los departamentos de Beni y Cochabamba (y solo una parte pasa por el TIPNIS) expandiría el acceso a la atención sanitaria y a otros servicios básicos para comunidades locales aisladas que ahora viajan días enteros para recibir atención médica.
La carretera también permitiría a productores agrícolas locales un mayor acceso a los mercados para vender sus productos. Actualmente, tienen que pasar por Santa Cruz hacia el este antes de poder transportarlos hacia el oeste.
En vista del estatus de Beni como el mayor departamento (estado) productor de carne, eso rompería el control que tienen los mataderos basados en Santa Cruz sobre la imposición de precios de la carne.
La carretera también permitiría que el Estado ejerciera su soberanía sobre áreas remotas, incluidas algunas donde tienen lugar talas ilegales.
Son hechos como estos los que han convencido a más de 350 organizaciones bolivianas, incluidas muchas de las organizaciones sociales que han dirigido las inspiradoras luchas del país contra el neoliberalismo, a apoyar la carretera propuesta.
Numerosas organizaciones y comunidades indígenas (incluso dentro del TIPNIS) apoyan la carretera. Es por lo tanto falso describir lo que ocurre como una disputa entre el gobierno y la gente indígena.
Tampoco es un simple conflicto entre partidarios del desarrollo y defensores del medioambiente.
Todas las partes en la disputa quieren mayor desarrollo y una mejora del acceso a los servicios básicos. Lo que está en juego es cómo el segundo país más pobre en América, ante una intensa presión de gobiernos más poderosos y fuerzas corporativas, puede enfrentar las necesidades de su pueblo mientras protege el medio ambiente.
Considerando este hecho, seguramente tiene más sentido que los que deseen defender el proceso de cambio de Bolivia apoyen pasos hacia el diálogo, en lugar de profundizar las divisiones.
Se puede ejercer una crítica legítima del manejo por parte del gobierno del proceso de consulta. Pero la petición de Avaaz y la carta de grupos ecologistas simplemente ignoran los repetidos intentos del gobierno de iniciar discusiones con los manifestantes.
La mitad de los miembros del gabinete ministerial de Morales, junto con muchos viceministros y jefes de instituciones estatales, han viajado a la ruta de la marcha para hablar con los manifestantes.
Los peticionarios no mencionan el compromiso público del gobierno de Morales de realizar un proceso de consulta dentro del marco de la constitución boliviana, aprobada por el pueblo en 2009. Tampoco mencionan su oferta de que el proceso de consulta sea supervisado por observadores internacionales seleccionados por los propios manifestantes.
El gobierno también se ha mostrado abierto a discutir la factibilidad económica y medioambiental de cualquier ruta alternativa que pueda soslayar el TIPNIS. Hasta ahora no se ha presentado una alternativa semejante.
Como resultado de estas iniciativas, una serie de comunidades del TIPNIS que se habían sumado a la marcha, así como representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní, han decidido volver a casa. Mantendrán las discusiones con el gobierno.
Lamentablemente, los oponentes cruciales del proceso de consulta propuesta están entre los dirigentes de la marcha, que incluye a organizaciones basadas fuera del TIPNIS.
Esas organizaciones fueron también los principales proponentes de otras 15 demandas presentadas al gobierno el día del inicio de la marcha.
Muchas de esas demandas son legítimas, pero es alarmante que algunas de las demandas más peligrosamente retrógradas hayan sido ignoradas o descartadas por grupos medioambientales internacionales.
Por ejemplo, la carta a Morales presenta preocupaciones respecto a la declaración del presidente boliviano de que “la perforación petrolera en el Parque Nacional Aguaragüe ‘no será negociada’”
Esos yacimientos representan un 90% de las exportaciones de gas de Bolivia y constituyen una fuente vital de fondos que el gobierno de Morales ha estado utilizando para encarar la pobreza y desarrollar la economía de Bolivia.
El hecho de que el grueso de los ingresos del gas esté controlado por el Estado boliviano en lugar de por corporaciones transnacionales es el resultado de años de luchas de las masas bolivianas, que creen legítimamente que este recurso debe ser utilizado para desarrollar su país.
Las preocupaciones de las comunidades locales deben ser, y han sido, tomadas en consideración. Pero el hecho de que Bolivia cerrara esta fuente de ingresos tendría consecuencias dramáticas para el pueblo de una de las naciones más pobres de América.
Sería, sin exagerar, un suicidio económico.
Inicialmente, los manifestantes también demandaban la interrupción de la extracción de gas en Aguaragüe. Han dado un paso atrás en esto y ahora se concentran en la cuestión del bloqueo de pozos petrolíferos en desuso debido a la contaminación que podría causar a suministros locales de agua.
De la misma manera, ninguna de las declaraciones en Internet menciona el apoyo de los manifestantes al Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD, por sus siglas en inglés).
REDD es un programa burdamente antiecológico de las Naciones Unidas que apunta a privatizar bosques convirtiéndolos en “bonos de carbono” que permiten que los países ricos desarrollados sigan contaminando.
Algunos de los mayores proponentes de esta medida se encuentran entre las ONG que promueven la marcha. Muchas de ellas han recibido financiamiento directo del gobierno de EE.UU., cuyo embajador en Bolivia fue expulsado en septiembre de 2008 por apoyar un intento de golpe derechista contra el gobierno elegido de Morales.
En lugar de defender la soberanía de Bolivia contra la interferencia de EE.UU., la carta denuncia al gobierno boliviano por sacar a la luz las conexiones entre los manifestantes e “intereses oscuros”.
Esos “intereses oscuros” incluyen a la Liga por la Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), que se estableció con fondos del gobierno de EE.UU. Sus patrocinadores incluyen a la agencia de ayuda del gobierno de EE.UU., USAID, y a la Fundación Konrad Adenauer que frecuentemente financia acciones contra gobiernos como Cuba a los que se oponen EE.UU. y gobiernos europeos.
Cables diplomáticos secretos de EE.UU., publicados recientemente por WikiLeaks y archivos desclasificados del gobierno de EE.UU. han mostrado concluyentemente que USAID apunta directamente a comunidades indígenas en un intento de apartarlas del apoyo a Morales y para que apoyen intereses estadounidenses.
Detrás de esos intereses muy reales yace una campaña de naciones ricas y grupos ecologistas conservadores de promover políticas que representan una nueva forma de “imperialismo verde”.
Después de siglos saqueando los recursos de otros países, aniquilando poblaciones indígenas y creando una espantosa crisis ecológica, los gobiernos de las naciones ricas utilizan ahora las preocupaciones medioambientales para promover políticas que niegan a naciones subdesarrolladas el derecho a controlar y administrar sus propios recursos.
Si se salen con la suya, esos grupos reducirán a los pueblos indígenas a simples “guardabosques”, pagados por países ricos para proteger áreas limitadas, mientras las corporaciones multinacionales destruyen el medioambiente en otros sitios.
La mayoría indígena de Bolivia ha elegido un camino muy diferente. Apunta a crear un nuevo Estado en el cual no los sigan marginando o tratando como grupos minoritarios que requieren protección especial.
Aliados a otros sectores oprimidos, quieren dirigir su país en función del beneficio colectivo de la mayoría.
Las masas bolivianas han arrebatado exitosamente el poder gubernamental a las elites tradicionales, han conquistado el control sobre el gas y otros recursos, y han adoptado una nueva constitución.
Se han cometido errores, y son probables en el futuro. Pero son los errores de un pueblo de un país pequeño, sin salida al mar y subdesarrollado, que combate contra constantes ataques imperialistas.
Clave para la lucha de los pueblos bolivianos es el frente mundial por la justicia climática, en el cual Bolivia juega un papel vital de liderazgo.
Un ejemplo fue la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático, con la participación de 35.000 personas, organizada por el gobierno de Morales en Cochabamba en abril de 2010.
La declaración final identificó a los países desarrollados como “causa principal del cambio climático”. Insistió en que esos países deben “reconocer y asumir su deuda climática”, redirigiendo fondos de la guerra a la ayuda a naciones más pobres a desarrollar sus economías “para producir bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades fundamentales de su población”.
Para lograr eso, el movimiento internacional por la justicia climática debe concentrar sus esfuerzos en forzar a las naciones ricas a aceptar sus responsabilidades.
El movimiento global debe rechazar explícitamente la intervención imperialista en todas sus formas, incluidas las políticas de “imperialismo verde” de las ONG financiadas por EE.UU.
Solo a través de una campaña semejante podemos apoyar los esfuerzos de países más pobres para planificar un camino de desarrollo que respete el medio ambiente.
Por desgracia, Avaaz y las organizaciones que han firmado la carta contra Morales dejan libres de responsabilidades a los verdaderos culpables.
Su campaña debe ser rechazada por todos los ecologistas y antiimperialistas que luchan por un mundo mejor.
[Federico Fuentes edita http://boliviarising.blogspot.com]

Página/12


Movilización pacífica y masiva de la central obrera
En apoyo a la marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y luego de la represión policial a manifestantes que se oponían el pasado domingo a la construcción de la carretera Villa Tunari, la Central Obrera Boliviana (COB) había decretado un paro general, mientras que el gobierno aceptó un pedido de diálogo de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) que participa de la protesta indígena.
Una movilización multitudinaria, que paralizó la enseñanza y afectó la atención de la salud y otras actividades estatales y que se extendió por siete cuadras, bajó desde la ciudad de El Alto en apoyo a los indígenas del Tipnis, recorrió las principales calles céntricas de La Paz y concluyó con un acto en el cual se decidió realizar una asamblea de esa central obrera el viernes para adoptar nuevas medidas de fuerza. Marchas similares se realizaron en Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro, Tarija y Trinidad.
Marcharon mineros sindicalizados, maestros, trabajadores de salud, fabriles, constructores, estudiantes y activistas que apoyan la defensa del Tipnis y cuestionan la represión del domingo en la localidad de San Miguel de Chaparina, en Beni. "Aquí está la bronca del pueblo; en este país parecería que no hay respeto, los gobernantes no escuchan y no cumplen sus compromisos", afirmó Pedro Montes, titular de la COB, citado por la agencia noticiosa italiana ANSA.
Por otra parte, el ministro de Comunicación, Iván Canelas, informó que el gobierno aceptó una nueva invitación de la APG. "La reunión, inicialmente prevista para este lunes y suspendida por la violenta represión policial del domingo, asistirá una comisión de ministros con poder de decisión a la reunión que se iniciará a las 9 (10 de la Argentina) de mañana en la comunidad de Urundaiti, a 17 kilómetros al norte de Camiri, y que tendrá agenda abierta", explicó Canelas.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-177759-2011-09-28.html


Diario Boliviano:
Autoridades renuncian tras brutal represión a indígenas
Llorenti, quien fue defensor de los derechos humanos y viceministro de coordinación con los Movimientos Sociales además de ministro de Gobierno desde enero 2010, presentó sorpresivamente su renuncia luego de la jornada violenta que se vivió el pasado domingo en el puente San Lorenzo cerca de Yucumo, Beni.
Autoridades del gobierno del presidente Evo Morales se vieron obligados a dejar el gabinete ministerial tras la brutal represión perpetrada el pasado domingo contra marchistas que defienden la preservación del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
En medio de contradicciones sobre quién habría ordenado la violenta intervención policial contra los indígenas, renunciaron ayer el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, y el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, este último fue criticado también por la actuación policial en conflictos menores como la Apacheta, Caranavi y Uncía.
Para el analista Gustavo Pedraza, las renuncias de las autoridades no son suficientes para calmar la tensión social, porque el conflicto de la defensa del TIPNIS “mutó” después de la violenta represión policial del domingo para convertirse en una demanda de justicia de todo el país.
En tanto, la dirigente de los marchistas indígenas, Justa Cabrera, manifestó su rechazo a las acciones gubernamentales y culpó al mandatario Evo Morales por los excesos cometidos, especialmente contra mujeres y niños. En testimonio de otra afectada, que fue arrastrada, maniatada y amordazada por policías, los derechos de los indígenas no son respetados y que su territorio está siendo avasallado por los cocaleros.

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Prensa Latina
En conferencia de prensa, el ministro de Comunicación, Iván Canelas, precisó que ese grupo de trabajo estará en la localidad de Camiri, a la 09:00 hora local, como señala una misiva enviada a Palacio Quemado.
El funcionario precisó que la comisión estará integrada por las principales autoridades de los ministerios relacionados con las demandas y acuerdos suscritos en 2010.
Entre esas carteras mencionó a las de la Presidencia, Obras Públicas, Agua y Medio Ambiente, Desarrollo Rural, y Autonomías; así como del Instituto Nacional de Reforma Agraria.
Interpelado sobre la reacción del Ejecutivo ante la decisión de una marcha indígena que avanza hacia La Paz en protesta por una vía interdepartamental e intervenida el pasado domingo con violencia por parte de la policía, Canelas afirmó que siempre está vigente la política del diálogo.
Acerca del paro cívico y manifestaciones en el país organizadas este miércoles por la Central Obrera Boliviana, señaló que aunque solo tiene versiones periodísticas, no entiende que dirigentes sindicales marchen junto a líderes de la oposición, como Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional.
Según constató Prensa Latina, la convocatoria de la COB a salir a las calles es acatada de manera parcial en el país suramericano.
rmh/ga


La Paz, 28 sep (ABI).- El presidente Evo Morales pidió disculpas y perdón por los vejámenes sufridos por los indígenas de tierras bajas de Bolivia, a manos de la Policía el domingo último, prometió enmendar los errores de su Gobierno y ratificó que la represión no respondió a una instrucción suya ni de su Gobierno, durante una conferencia de prensa el miércoles por la noche en La Paz.
"Nuevamente quiero decirles que las familias víctimas (de la represión) que nos disculpen, que me perdonen, pero quiero que sepan: no ha habido ninguna instrucción ni jamás habíamos pensado que podría ocurrir de esa manera, duele bastante, como victimas que hemos sido en muchas oportunidades" de la represión por la fuerza pública", afirmó.
El mandatario llamó a una conferencia de prensa para referirse a las multitudinarias manifestaciones registradas este miércoles en la mayor parte de la ciudades bolivianas, convocadas por los sindicatos, en rechazo a la represión policial desatada contra originarios del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS), que marchaban en oposición a que una carretera en construcción cruce esa reserva natural en la Amazonia del nordeste del país.
Las protestas convocadas por la matriz Central Obrera Boliviana recordaron "los horrores, los sentimientos del pueblo boliviano expresados mediante manifestación", sostuvo el Jefe de Estado.
Dijo que las protestas callejeras obligan a su gobierno a "corregir nuestros errores" y afirmó haber asumido el mensaje popular: "es una profunda llamada de atención con estas manifestaciones".
El gobernante indígena dejó en claro que la orden, si la hubo, de reprimir la marcha indígena no partió de él y menos fue barajada en su Gobierno.
"No fue una instrucción del Presidente. Jamás en el Gobierno hemos pensado que podría suceder semejante agresión a los hermanos indígenas", anotó.
"Quiero decirle al pueblo boliviano, con mucha sinceridad, yo, como víctima junto a muchos de mis compañeros, compañeras del Trópico de Cochabamba y de Bolivia, nunca podría instruir que haya una violencia como la realizada en Yucumo, como ha visto el pueblo boliviano", insistió.
Por último pidió a los promotores de la marcha indígena que luego de salir el 15 de agosto de Trinidad con destino a La Paz intenta reanudarse en la localidad de Rurrenabaque, oír el clamor nacional por el diálogo.
"Esperamos más bien el diálogo para seguir trabajando de manera conjunta" y alcanzar un acuerdo que canalice el desarrollo de las 64 comunidades indígenas que habitan el TIPNIS, sostuvo.
Subrayó que mientras planea y concreta el diálogo, el proyecto de construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, queda en suspenso, tal como lom ordenó el lunes último.
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