Reclamaban la construcción de viviendas en terrenos ocupados por el ingenio Ledesma

AnRed

En horas de la madrugada la policía de Libertador General San Martin, Jujuy, desalojó con balas de plomo y con gases lacrimógenos a 700 familias que reclamaban la construcción de viviendas que se les había prometido. Según la organización CAPOMA, el brutal saldo es de dos muertos y 30 heridos. Se convoca a movilizaciones en diversos puntos del país en repudio a la represión.
La Corriente Clasista y Combativa de Ledesma ha marchado en Libertador para reclamar la expropiación de unas tierras, en éste, un lugar donde el tema de la tierra resulta dificultosa, pues la ciudad ha crecido cercada por los márgenes de las propiedades del ingenio Ledesma.
Este ingenio, que hace 35 años cortó el suministro eléctrico en todo el departamento de Ledesma y representó la persecusión y desaparicion de 30 compañeros, hijos del pueblo, hoy no cede nuevas tierras para el crecimiento de la ciudad, a pesar de que un concordato de mediados del siglo pasado la obliga a hacerlo.
Alrededor de 700 personas ocuparon un predio de la empresa Ledesma que fue desalojado por la policía ayer a las 6:00 am, iniciando una serie de combates callejeros que ya tienen 4 horas de duración.
Nos informan que si bien el predio ya ha sido desalojado, la represión continúa en los barrios aledaños y hay al menos dos personas hospitalizadas por los gases que se meten en las casas e incluso se dió el caso de un bebé de un mes y medio que fue ingreso con un cuadro de asfixia tal que creyeron en un principio había muerto.
Informan de numerosas personas heridas y un policia muerto. La policía mató a 2 jóvenes, Félix Reyes y Esteban Méndez, con balas de plomo, perforando el pulmón y otro joven se encuentra en terapia intensiva al pegarle con los gases lacrimógenos.
El dirigente de la Corriente Clasista y Combativa de Ledesma, Enrique Mosquera aseguró que la policía seguía disparando pasado el medio día con balas de plomo: “Han tirado, una locura lo que han hecho. Nos han tirado con calibre 22. O sea no han tirado con la reglamentaria, nos han tirado con calibre 22. ¿Y no decían que estaban prohibidas las armas de fuego en las represiones? Bueno, no están prohibidas parece, porque el gobierno las usó a través de la policía. Así que nosotros imputamos, hacemos responsable, al juez (Jorge) Saman, hacemos responsable a la empresa Ledesma y hacemos responsable al gobierno provincial de esta situación. Y, lamentablemente, de esta pérdida humana y de los seis heridos con bala de plomo”.
Existen también al menos 8 personas detenidas que, denuncian los manifestantes, la policía se niega a dar a conocer cual es su paradero.
"Los terrenos estaban ocupados por unas cuatrocientas familia y se dispuso un amplio operativo", relató Hugo Sosa, Comisario Mayor de operaciones especiales de la provincia. Pero, agregó: "Nunca pensamos que los ocupantes podían estar armados".
"Las fuerzas de seguridad concurrieron sin armas de fuego y equipados con fusiles con balas de goma y lanzaderas de gases lacrimógenos", reza un diario online.
Conociendo el accionar de las fuerzas de "seguridad", sabemos de sobra que todo eso es mentira; que intentan, como siempre, criminalizar a los pobres, hijos del pueblo.
Al conocerse los incidentes, manifestantes protestaron en la Casa de Jujuy que representa a la provincia en la Ciudad de Buenos Aires, donde rompieron vidrios y realizaron pintadas, en repudio a los hechos registrados durante el desalojo. Aca en San Salvador de Jujuy, se realizará una concentración en repudio a estos sucesos a las 18 horas en la Plaza Belgrano.
Fuente original: http://www.anred.org/article.php3?id_article=4358

Desalojos en tierras de la Familia Blaquier en Jujuy

La barbarie repetida

Por Mario Wainfeld

Dilucidar las responsabilidades sobre los terribles hechos ocurridos en Libertador General San Martín excede las competencias del autor de esta columna. Hay homicidios, las responsabilidades respectivas deben ser investigadas y juzgadas con todas las garantías constitucionales. Este cronista hará unas reflexiones de carácter general, en el contexto doloroso y repetido.
Lo que está en cuestión, preocupa y hasta aterra es la enorme torpeza de las fuerzas de seguridad (nacionales y provinciales) para hacer un uso ponderado del “monopolio de la violencia legal”. En cualquier circunstancia, ni qué decir ante protestas sociales.
La apelación a los uniformados deriva, recurrentemente, a violaciones de reglas, brutalidades, avasallamiento de derechos civiles o humanos, heridos o muertos. Se reitera el uso de armas de fuego contra manifestantes o intrusos. Eventualmente contra ciudadanos en acciones que “parecen ser” contravenciones o delitos. O menos, todavía, que eso: días atrás, la pistola de un policía federal disparó una bala en medio de un episodio urbano minúsculo, en plena Capital y en horario laboral. Se trata de desentrañar si medió impericia descalificante o dolo. Son dos hipótesis graves, todo parece conducir a la peor. En cualquier caso, se segó una vida, mediando comportamientos irresponsables de un “agente del orden”.
Con cinismo proselitista, el represor Luis Patti predicó muchas veces que la policía no puede resolver delitos si no comete varias violaciones legales. Patti solicitaba una franquicia e interpelaba a sectores de la opinión pública, que aprueban esas tropelías y lo votaron en varias ocasiones. Si se lee bien su discurso, asumía la falta de profesionalidad de los uniformados para desenvolverse en un sistema democrático.
Se puede obtener más luz, tal vez, si se amplía la visión panorámica y se repasan delitos (reales o presuntos) ajenos a la protesta social, aunque de enorme resonancia mediática. Los asesinatos de María Marta García Belsunce, Nora Dalmasso o Solange Grabenheimer comprobaron la ineficacia de investigadores judiciales o policiales cuando las víctimas y (sobre todo) los presuntos sospechosos son gentes de estratos sociales medios o altos. A ellos no se los puede prepear o someter a torturas o a interrogatorios sin los recaudos legales. En ese contexto, la autoridad fracasa miserablemente una y otra vez. Las torpezas se realzan, en proporción directa al imán que tienen los casos y a la (relativa) eminencia social de los interesados. Se trasunta un problema extendido, menos visibilizado cuando víctimas y (sobre todo) sospechosos ocupan otro peldaño de la escala social.
La absurda y patética búsqueda de la familia Pomar fue un ejemplo extremo aunque no discordante con ese cuadro general. La policía, los fiscales, el propio gobierno provincial estaban más que interesados en resolver el enigma. Pero no fueron idóneos para hallar un auto que se había descontrolado exactamente en el sitio por el que se sabía que transitaba. De nuevo: si la exigencia es trabajar con rigor y apego a la ley, los responsables propenden con alarmante frecuencia al aplazo.
Con tamaños precedentes, cabe ampliar la mira y poner en cuestión no sólo a los policías. También debe escudriñarse la responsabilidad política y moral de los civiles que les dan órdenes, conociendo (debiendo conocer) sus endémicas limitaciones. Los fiscales, jueces o funcionarios que deciden operativos como el de ayer tienen el deber de saber a quién delegan esas tareas. Y de hacerse cargo. En política todos son responsables por las consecuencias de sus actos o de los de aquellos a quienes derivan responsabilidad.
Una masacre en la que actuaron centenares de policías, ocurrida en una pequeña población, encastra con todo lo reseñado. Un desalojo de centenares de familias, miles de personas, es una situación extrema. Cualquier autoridad debe saberlo, minimizar (y mejor, evitar) los riesgos, no coquetear con ellos.
Todo hecho de sangre es repudiable e irreparable. Hay un policía y civiles entre las víctimas fatales, quedan heridos graves. Ellos y sus familias merecen respeto; las víctimas sobrevivientes, protección ulterior del Estado. Ubicar a los respectivos autores materiales es imperioso, aunque no restañará las heridas, ni pondrá fin a daños irrevocables.
En la nota central de estas páginas se recorren los hechos que, se insiste, deben ser estudiados con todas las de la ley. El entorno, piensa el autor de estas líneas, autoriza a tener las peores sospechas sobre quiénes dieron las órdenes y quiénes cargan con el arduo deber de proteger a sus conciudadanos.
Todo ocurrió en terrenos de la empresa Ledesma, emblema de explotación tanto como de la represión y la barbarie dictatorial. Estremece consignarlo.

mwainfeld@pagina12.com.ar

Página/12, 29.07.2011 : http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-173327-2011-07-29.html