La plata de los Jubilados

La plata de los jubilados Por Alfredo Zaiat El sistema previsional fue desfinanciado durante catorce años con el giro de los aportes jubilatorios hacia el negocio de bancos & afines asociados en compañías denominadas AFJP. La reforma que puso fin a esa actividad especulativa con el dinero de los trabajadores ha sido el comienzo de un proceso para ordenar un régimen de seguridad social que se estaba desquiciando. Sin embargo, la efectivización de una medida no implica necesariamente que también se haya enterrado al mismo tiempo la base conceptual del modelo anterior y, por lo tanto, la forma de examinar el nuevo. El ejemplo más claro se encuentra en los análisis que aún relacionan reservas y circulante monetario como una variable relevante para la estabilidad cambiaria y la solvencia económica, evaluación que es una resaca del esquema de convertibilidad y que hoy es poco importante con un tipo de cambio variable y otro esquema monetario. Con el recuperado sistema previsional está sucediendo el mismo rezago para la comprensión de los efectos de una reforma. Como si nada hubiera cambiado, políticos oficialistas y opositores, economistas conservadores y progresistas, elaboran sus discursos de defensa o de ataque con la consigna de “la plata de los jubilados”. Esta idea es un reflejo del éxito que ha tenido esa concepción liberal de cuenta individual jubilatoria de las AFJP, que ahora se ha trasladado en forma mecánica a que la Anses es estrictamente la cuenta global de los jubilados. Se confunde así flujo y stock de recursos previsionales, se distorsiona la noción de solidaridad intergeneracional de un régimen de reparto y se limita al Estado en su política de administración de activos financieros e intervención en la economía. Esa demagogia discursiva conduce a esos errores para no ser señalado como insensible ante la clase pasiva, y en ocasiones por especulación electoral sin distinción de izquierdas o derechas. No existe esa concepción lineal de “la plata de los jubilados” en un sistema de reparto. El flujo mensual de recursos provenientes de los aportes de los trabajadores, cargas sociales y porciones de impuestos nacionales (IVA, Ganancias y Cheque) permite el pago de los haberes de los jubilados. Es lo que se conoce como un esquema previsional de solidaridad intergeneracional: los trabajadores activos de hoy aportan para el pago de los haberes de los pasivos, y mañana sus respectivas retribuciones serán acercadas por otros trabajadores y así se van encadenando los eslabones en el régimen de reparto. En éste, en caso de haber excedentes, se podría elevar el monto de la jubilación, o cuando aparece un déficit se requeriría el financiamiento de recursos del Tesoro para enfrentar las obligaciones. Esos movimientos de la cuenta del organismo encargado de pagar las jubilaciones (Anses) son un flujo que depende de varios factores: cantidad de empleos en blanco, relación de trabajadores activos/pasivos, cumplimiento de las empresas para el pago de los aportes, nivel de actividad económica que determina la recaudación impositiva destinada al sistema previsional. También puede ser afectado por programas de inclusión social, como el que incorporó al régimen a 1,8 millones de personas que pasaron a cobrar su jubilación. “La plata de los jubilados” es ese flujo mensual que, teniendo en cuenta que el 38 por ciento de los trabajadores está en negro, es perturbado por las empresas que no cumplen con las normas del mercado laboral más que por el Estado que administra esos recursos. Más interesante resulta avanzar en el análisis de la estructura de la pirámide previsional o si las cuentas permiten financiar aumentos de las magras jubilaciones. Para ello se necesita desplazar esa idea gaseosa de “la plata de los jubilados” e invertir un poco más de esfuerzo para estudiar la solvencia temporal e intertemporal del actual régimen de reparto. Por este último camino se abandonan las consignas fáciles que la prensa conservadora sabe destacar y se revaloriza el rol del Estado, a la vez que se recupera el mandato que emana del artículo 17 de la Constitución nacional, que dispone que “el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable”. De esa forma, el sector público adquiere la obligación de contar con recursos para cumplir con ese objetivo, que puede obtenerlos de aportes previsionales o de otras fuentes, como impuestos específicos o participación en un porcentaje de los tributos existentes. No se trata entonces de “la plata de los jubilados” reunida en una cuenta de un organismo público, sino de un Estado comprometido con una política global para mejorar las condiciones de vida de un sector vulnerable de la población. Puede parecer lo mismo, pero son concepciones diferentes de cómo se organiza una sociedad según el rol que se le asigna al Estado como protagonista del ordenamiento fiscal y agente redistribuidor de ingresos. Otro aspecto de ese debate se encuentra en el concepto de stock (activos) de la Anses. Para su evaluación también se ha desplegado la resaca de la concepción que nació con el modelo de AFJP. Esos activos son un patrimonio que el Estado recuperó del régimen de capitalización, que con su funcionamiento durante casi década y media desfinanció la seguridad social. El manejo de ese capital exige un celoso control de otras dependencias públicas, del poder legislativo y de organizaciones sociales. Pero esto no implica que la Anses tenga que ser examinada con la misma lógica de administración de activos de las AFJP. Elegir ese último sendero deriva en críticas que corresponden a esquemas de análisis de economistas de la city, tentación en la que representantes del progresismo pueden caer cuando empiezan a evaluar tasas de retorno de bonos o refinanciaciones de pasivos intra sector público. Ese stock de capital recuperado no es “la plata de los jubilados”, sino que forma parte del patrimonio previsional del Estado. Capital que ofrece la posibilidad de convertirse en una potente herramienta de intervención estatal para el fomento y desarrollo económico con el objetivo de impulsar un círculo virtuoso de crecimiento. Este proceso termina mejorando el canal de recaudación de recursos del sistema previsional por el mayor empleo y formalización laboral. O sea, se presentan las condiciones para que un stock de activos en manos del régimen jubilatorio pueda estar en función de mejorar su flujo de fondos futuros, lo que permitiría aumentar el monto de los haberes como así también el grado de cobertura. En su momento, la consigna conservadora fue el manejo de “la caja” y ahora es la de “la plata de los jubilados”. Ambas apuntan a limitar el accionar del Estado en el sistema previsional bajo una concepción premoderna de organización fiscal, que considera que cada uno tiene que recibir en función de lo que aporta. Idea que expresa el arco político y cultural sojero cuando se refiere a las retenciones. En el caso de los jubilados, aquellos a los que les interesa proteger a ese sector tan castigado por décadas deberían evitar caer en esa trama que busca deslegitimar la intervención estatal en la economía. azaiat@pagina12.com.ar (Publicado en Página/12 el 17/05/2009)

No hay excusas

El puente y las AFJP Por José Nun John Stuart Mill, el gran filósofo británico del liberalismo, se planteaba el problema siguiente. Supongamos, decía, que un forastero llega a una aldea y se propone cruzar un puente situado a gran altura. Los lugareños saben que el puente es intransitable y se desmoronará si alguien intenta atravesarlo. ¿Qué hacer frente al forastero sin afectar su libertad de elección? La respuesta de Mill es que se lo debe poner al tanto de la situación y, después de hacerlo, dejar que sea él quien decida. Es decir que la visión individualista de la que parte su razonamiento (y que, años después, el propio Mill moderaría) es tan intensa que ni siquiera se le ocurre pensar que las autoridades o los vecinos mismos habrían podido clausurar el puente para evitar que los peatones corriesen peligro. Se habría tratado de una decisión colectiva perfectamente legítima y éticamente irreprochable. Recordé este ejemplo ilustre en estos días en que tantos políticos opositores baten el parche con el tema de la opción que hicieron tiempo atrás muchos argentinos a favor del régimen jubilatorio de capitalización. Es indiscutible que este régimen se halla en crisis, que el valor de los depósitos se encuentra en caída libre y que el Estado nacional no tendrá más remedio que acudir en ayuda de todos los aportantes que se irán viniendo abajo bastante antes de llegar a la otra orilla. Lo más notable es que pocos de esos críticos se atreven a defender a las AFJP pero, como en el ejemplo de Mill, apelan sin siquiera saberlo a un individualismo decimonónico para reivindicar la libertad de elección de los aportantes. ¿Por qué no reconocer que éstos optaron en un momento en que había fundadas sospechas de que el puente era intransitable pero no todavía la absoluta certeza que existe en la actualidad? Más aún: si no lo clausurase de inmediato, el Gobierno estaría incumpliendo su mandato constitucional.

Dialéctica

Por fin, el fin

Por Alfredo Zaiat

El jefe de la mafia con el arma en la mano y el asesinado en el piso es una prueba contundente de culpabilidad. El traficante de drogas capturado con su cargamento en la mochila es un indicio bastante fuerte de una violación a la ley. La venta acelerada de títulos y acciones que derrumbaron sus cotizaciones es la demostración más transparente de la existencia de una asociación de financistas & afines para lucrar con el dinero previsional de los trabajadores. Si se trata de un delito, la utilización de esos fondos que no les pertenecen para expresar el rechazo al proyecto del Gobierno será tarea de la Justicia. Pero han dejado con total impunidad, que es la forma en que se mueve el poder financiero, las huellas bien visibles para avanzar en esa investigación. El argumento más común y superficial de banqueros, economistas de la city y el coro afinado de voceros interesados es que las críticas a las AFJP son por “ideología”. Se trata de un debate absurdo, porque toda opinión a favor o en contra de un modelo económico, de una orientación que defina la autoridad monetaria con el tipo de cambio o de una organización del sistema previsional está basada en una determinada cosmovisión del mundo. O sea, de una ideología, palabra que en general es utilizada por el pensamiento conservador para descalificar convicciones que se enfrentan al discurso dominante. Resulta esclarecedora la discusión ideológica que permite conocer si es más importante el haber jubilatorio o las cuentas de banqueros y gerentes privilegiados abultadas con el dinero de los trabajadores. Las AFJP han demostrado en la práctica que han sido una enorme estafa previsional. Con datos “objetivos”, como gustan hablar los abanderados de la restauración conservadora. Casi ninguna de las promesas vendidas con excelentes campañas de marketing fue realidad para los trabajadores jubilados o próximos a jubilarse. Ni lo serían nunca en el futuro, como lo demuestra la experiencia de casi 30 años del sistema chileno, que ya alcanzó su etapa de maduración y permite observar en forma rotunda su fracaso. Además de no brindar una prestación digna a los jubilados y de jugar con el aporte previsional de los trabajadores, el régimen privado desfinanció al Estado hasta arrinconarlo en una posición que lo obligó, entre otros factores, a declarar el default en 2001. Este tuvo como uno de sus impulsores la propia estructura del sistema previsional privado, que poseía el germen del default. Es una situación similar a la quiebra del Lehman Brothers: su debacle y la de los otros bancos de inversión no fue sólo por la codicia de los financistas, sino que el sistema de autorregulación del fundamentalismo de mercado es el que permitió el crecimiento de esas entidades y de ese tipo de banqueros. Resulta difícil encontrar hoy en Estados Unidos analistas que defiendan a Lehman Brothers. En cambio, no debería extrañar que los haya aquí para las AFJP. No será una tarea sencilla desmontar el engendro del régimen de capitalización privada. Requerirá de habilidad y capacidad técnica para empezar a ordenar un sistema que fue desquiciado por los banqueros. Junto a la reestructuración de la deuda en default, la eliminación de las AFJP constituye una de las principales medidas de la administración kirchnerista que afecta al poder financiero. Se entiende así la reacción furiosa de banqueros, asesores, economistas, corredores bursátiles, gerentes financieros & otros aliados que integran una asociación dedicada a lucrar con el dinero de los trabajadores. Pocas labores han sido más perversas y miserables que enriquecerse con esos fondos. La cuestión no es que el Estado se queda con los fondos para pagar deudas, sino que ese dinero vuelve al lugar original de un Sistema de Seguridad Social. El stock de capital acumulado durante catorce años en esas cuentas, deducido el obsceno monto de 9000 millones de dólares en comisiones, regresa al canal legítimo de un régimen previsional. Lo otro era un negocio financiero para un sistema de imprevisión social. Para adelante, será tarea de definir el mecanismo transparente de administración y control de esos recursos, que requerirá de destreza para desarmar con paciencia la temeraria estrategia de invertir fondos previsionales en acciones, fideicomisos financieros o bonos de deuda privada. La reforma de 1994 impulsada por la dupla Carlos Menem-Domingo Cavallo, con el aval y financiamiento del FMI y Banco Mundial, desfinanció al Estado al desviar los aportes jubilatorios de los trabajadores hacia las AFJP. Se diseñó así una calesita financiera abusiva: - El Estado contabilizaba un bache en la cuenta de Seguridad Social del Tesoro Nacional por el dinero girado a las AFJP. - Para cubrirlo emitía títulos públicos. - Esos papeles los compraban las AFJP. - Los adquirían con el dinero que recibían de los trabajadores. - Esos aportes antes iban al Tesoro Nacional. El Estado quedaba en una posición financiera exigente por una deuda creciente precisamente por ese desfinanciamiento de la Seguridad Social. Las dificultades para cerrar ese déficit se agudizaban debido a que siguió pagando los haberes. Ese desequilibrio de las cuentas públicas provocó el incremento de la tasa de interés del endeudamiento necesario para cubrir ese bache. El costo de esa calesita fue una de las más pesadas mochilas que dejó la década del noventa. Teniendo en cuenta que la deuda del sector público nacional se incrementó en 66.500 millones de dólares entre diciembre de 1994 y de 2001, el sistema de AFJP explica por sí sólo 41.300 millones de dólares de ese aumento (el 62 por ciento). Ese monto surge de 31.800 millones de dólares de emisión de títulos públicos para compensar los fondos no ingresados, a los que se sumaron 9500 millones de dólares por el costo del endeudamiento por este concepto, con una tasa de interés promedio de 9,6 por ciento anual. Varios son los hechos que se fueron revelando acerca de la inutilidad de la vigencia de AFJP. La más grosera es que el Estado tuvo que salir a completar el haber paupérrimo que entregan las AFJP a los ya jubilados privados. Como el dinero acumulado en los fondos privados, a lo que se le suma el aporte público que marca la ley (la prestación básica universal y la de permanencia), resulta una jubilación por debajo de la mínima, la Anses salió a completarla para alcanzar ese piso. Parece un absurdo si se tiene en cuenta que en su momento se presentó la reforma como más conveniente frente un régimen público de reparto, y ahora es el fisco el que tiene que venir a rescatar a los jubilados privados de haberes miserables. La capitalización privada no redujo –como se argumentaba– la evasión o morosidad previsional. Además hay una baja proporción de aportes efectivos. Sólo el 40 por ciento de los afiliados contribuye al sistema. Los aportes voluntarios son insignificantes en relación a la recaudación total (0,3 por ciento), siendo que uno de los eslóganes de propaganda era que los afiliados iban a optar por engrosar sus cuentas porque verían que el sistema era muy bueno. El nuevo régimen no incentivó la afiliación y la relación entre aportantes y la población ocupada se redujo del 42,3 al 38,6 por ciento. En cuanto a la supuesta competencia que se iba a producir entre las AFJP, de las 26 compañías que comenzaron a operar en 1994, hoy sólo quedan 10. Estos datos indican una tendencia a la oligopolización del mercado, que se opone a los presuntos incentivos para reducir costos y mejorar los servicios. Las AFJP se apropiaron vía comisiones, en promedio, de un tercio de los montos recaudados. Según información de la Anses, los gastos operativos del régimen público representaron entre 1999 y 2005 sólo el 1,6 por ciento de las contribuciones y los recursos tributarios percibidos con fines previsionales, lo que resulta veinte veces más barato que el costo de administración del sistema de capitalización. El sistema fue concebido para maximizar el beneficio de las AFJP. Los fondos gestionados por las AFJP se fueron incrementando gradualmente a lo largo del tiempo, pero esa creciente masa de recursos estuvo lejos de fomentar el desarrollo del mercado local de capitales. Los fondos de las AFJP no fueron canalizados hacia proyectos de inversión que apuntalaran el crecimiento económico. La supuesta solvencia intertemporal del sistema previsional con fondos invertidos en volátiles mercados bursátiles quedó hecha añicos. Terminar con el régimen de capitalización es adelantarse y evitar que los actuales trabajadores puedan tener un panorama desolador en su etapa de retiro del mercado laboral. En países con el nivel de desarrollo de la Argentina, con su actual estructura de empleo, es imprescindible universalizar la cobertura, objetivo sobre el que se avanzó en estos años, y adoptar una visión de la jubilación basada fundamentalmente en la solidaridad intergeneracional del reparto. Poner fin, por fin, a las AFJP es en ese sentido una medida reparadora y de justicia redistributiva. azaiat@pagina12.com.ar //