Michel Husson
Un paquete de seis propuestas legislativas sobre una nueva gobernanza económica de la Unión Europea está en curso de adopción en el Parlamento Europeo. Paralelamente, los gobiernos europeos han ratificado en el mes de marzo un "pacto por el euro".
¿De qué se trata? La nueva gobernanza europea intenta aumentar la vigilancia de los presupuestos nacionales, endurecer las sanciones contra los Estados en caso de déficit excesivo y limitar el crecimiento de los gastos públicos. Una medida ya tomada completa el dispositivo, el "semestre europeo", que pretende someter al Consejo y a la Comisión los presupuestos de los Estados, antes incluso de que sean debatidos en los parlamentos nacionales. El pacto por el euro, que sigue a la proposición de Merkel-Sarkozy de instaurar un pacto de competitividad, apunta, entre otras cosas, a aumentar la flexibilidad del trabajo, impedir las subidas salariales y disminuir los gastos ligados a la protección social.
Estas medidas son tomadas en nombre de un argumento de aparente sentido común. Los Estados no pueden demandar a la Unión que les ayude si no hay reglas establecidas. Pero, en ausencia de todo debate democrático sobre las políticas económicas a aplicar, las medidas actuales vienen a ser lo mismo que desposeer a los parlamentos nacionales en beneficio de los Ministerios de economía y de la tecnoestructura europea. Y, ¿de qué ayuda se habla? Las sumas prestadas por la Unión son tomadas en los mercados a intereses relativamente bajos y prestadas a los Estados en dificultades a tasas de interés bastante más elevadas. Son las poblaciones las que pagan los gastos con la puesta en marcha de planes de austeridad drástica, que arruinan toda posibilidad de recuperación económica. El ejemplo patético de Grecia, que está en su tercer plan desde hace un año y ve cómo aumentan su deuda y su déficit al mismo ritmo que la pobreza de su población, está ahí para atestiguarlo. Durante este tiempo, los bancos pueden continuar refinanciándose en el Banco Central Europeo (BCE) a intereses irrisorios y prestar a los Estados a intereses muy superiores. Así, en el mes de febrero, los intereses a dos años para Grecia han superado el 25%. No son las poblaciones las ayudadas sino los bancos, ¡y en particular los bancos europeos!
La misma suerte espera ahora a Irlanda, Portugal y España. Pero son todos los países europeos los que se ven enfrentados al mismo tratamiento. Los gobiernos, el BCE, la Comisión y el Fondo Monetario Internacional (FMI) emplean la purga social como los médicos de Molière la sangría. En una Europa con las economías totalmente integradas en la que los clientes de unos son los proveedores de otros, tales medidas llevan consigo una lógica recesiva y por tanto una reducción de los ingresos fiscales que alimentará aún los déficit públicos. Socialmente desastrosas, son económicamente absurdas.
Pero, se nos dice, no hay otra opción. Hay que "tranquilizar a los mercados". Se reconoce ahí el último argumento, el famoso "TINA" que había sido empleado en su momento por Margaret Thatcher: "There is no alternative". No hay efectivamente alternativa continuando sometiéndose al dominio de los mercados financieros. Ese es el punto cardinal y la línea de demarcación de toda política. Por este motivo, en la votación prevista en el mes de junio en el Parlamento Europeo, esperamos de los partidos de la izquierda europea que rechacen claramente votar propuestas de consecuencias dramáticas para las poblaciones.
Una verdadera ruptura es posible y hoy indispensable: consistirá no en "tranquilizar a los mercados", sino en organizar su desarme sistemático, comenzando por quitarles su primer medio de chantaje, la posibilidad de especular sobre las deudas públicas. Antes de la crisis, el origen de la deuda se encontraba en la bajada de los ingresos debidos a los regalos fiscales hechos a las familias más ricas y a las empresas. En el momento de la crisis financiera, los Estados se han visto obligados a inyectar masivamente liquidez en el circuito económico para impedir el hundimiento del sistema bancario y la transformación de la recesión en ola depresiva. La explosión de los déficits públicos encuentra pues su raíz en el comportamiento de los operadores financieros que están en el origen de la crisis.
Las deudas públicas son pues ampliamente ilegítimas y una auditoría pública de la deuda deberá permitir decidir sobre lo que será devuelto y lo que no. El BCE deberá poder, bajo control democrático europeo, financiar los déficits públicos coyunturales. Una reforma fiscal de amplitud, tanto a nivel nacional como europeo, permitirá a la acción pública encontrar márgenes de maniobra. Estas medidas suponen por tanto la voluntad política de romper con la dominación de los mercados financieros sobre la vida económica y social. Esta voluntad política no existe por el momento. Así pues, habrá que imponerla. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, ha hablado de "revolución silenciosa" a propósito de las medidas tomadas actualmente por la Unión. Hablaríamos más bien de contrarrevolución, pero, mientras Barroso se alegra por ello, no podemos sino deplorar el casi silencio, particularmente en Francia, sobre estas cuestiones sin embargo capitales. Como gritan los manifestantes de la Puerta del Sol: "Esto no es una crisis, es un atraco". Estas políticas empujan a la Unión Europea contra la pared: es ya hora de inventar algo diferente.
Thomas Coutrot, es copresidente de Attac Francia; Pierre Khalfa es copresidente de la fundación Copernico; Verveine Angeli es sindicalista; Daniel Rallet es sindicalista.
Libération / Viento Sur
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