He aquí el cable de Prensa Latina sobre el Informe final de la CVR
Tegucigalpa, 7 jul (PL) La gubernamental Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) declaró hoy ilegal el golpe de estado del 2009 contra el expresidente hondureño Manuel Zelaya.
La CVR criticó también a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al resto de la comunidad internacional por mostrar "un bajo nivel de efectividad" para prevenir aquella asonada.
Recordó que horas antes del golpe de Estado la OEA retiró su misión de acompañamiento (el 27 de junio de 2009) y el 4 de julio siguiente suspendió a Honduras del sistema interamericano porque Zelaya no fue restituido en el Gobierno.
Pero la CVR dejó constancia de que la reacción internacional para condenar el golpe, la suspensión de Honduras en la OEA y las iniciativas para alcanzar acuerdos, si bien expresaron rechazo al cuartelazo, no lograron reinstalar a Zelaya en el poder.
Sin embargo, el informe también criticó a Zelaya por actuar contra las normas al intentar un cambio constitucional para establecer un nuevo régimen.
Asimismo recomendó crear la figura del juicio político en la Constitución y fijar escrupulosamente sus procedimientos.
Reconoció que la Constitución hondureña actual carece de un procedimiento suficientemente claro de la responsabilidad institucional para tratar este tipo de situación.
También dijo que Zelaya desoyó a autoridades judiciales y parlamentarias para que cancelara la consulta popular dirigida a impulsar reformas constitucionales, pero aún así el golpe de Estado en su contra que vino después fue ilegal.
La CVR declaró ilegal que los militares sacaran a Zelaya de su residencia y lo llevaran a Costa Rica y que el Congreso nombrara para sustituirlo al entonces presidente del legislativo, Roberto Micheletti.
Recordó que el Congreso carece de atribuciones para destituir al Presidente de la República o para nombrar a un sustituto, por lo que la asignación interina de Micheletti fue ilegal y dirigió un Gobierno de facto.
La Comisión aseguró que en la represión que siguió al golpe, fuerzas policiales y militares mataron al menos a 12 personas utilizando desproporcionadamente sus armas de fuego y gases tóxicos y que otros ocho opositores fueron asesinados selectivamente por agentes del Estado.
La CVR, instalada por el Gobierno del presidente Porfirio Lobo el 5 de mayo de 2010, dijo haber recibido también testimonios de la violencia y destrucción de bienes públicos y privados durante las manifestaciones convocadas por organizaciones afines al presidente Zelaya.
El informe final de la CVR fue presentado ante los presidentes de los tres poderes del Estado, alcaldes, funcionarios, empresarios, medios de comunicación y miembros de la sociedad civil de Honduras.
Otra entidad de carácter no gubernamental, denominada Comisión de Verdad (CVD), creada el 28 de junio de 2010 por defensores de los derechos humanos y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), dará a conocer otro informe con resultados seguramente diferentes en el último trimestre de 2011, según se anunció.
(Prensa Latina. 07.07.2011)
La CVR criticó también a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al resto de la comunidad internacional por mostrar "un bajo nivel de efectividad" para prevenir aquella asonada.
Recordó que horas antes del golpe de Estado la OEA retiró su misión de acompañamiento (el 27 de junio de 2009) y el 4 de julio siguiente suspendió a Honduras del sistema interamericano porque Zelaya no fue restituido en el Gobierno.
Pero la CVR dejó constancia de que la reacción internacional para condenar el golpe, la suspensión de Honduras en la OEA y las iniciativas para alcanzar acuerdos, si bien expresaron rechazo al cuartelazo, no lograron reinstalar a Zelaya en el poder.
Sin embargo, el informe también criticó a Zelaya por actuar contra las normas al intentar un cambio constitucional para establecer un nuevo régimen.
Asimismo recomendó crear la figura del juicio político en la Constitución y fijar escrupulosamente sus procedimientos.
Reconoció que la Constitución hondureña actual carece de un procedimiento suficientemente claro de la responsabilidad institucional para tratar este tipo de situación.
También dijo que Zelaya desoyó a autoridades judiciales y parlamentarias para que cancelara la consulta popular dirigida a impulsar reformas constitucionales, pero aún así el golpe de Estado en su contra que vino después fue ilegal.
La CVR declaró ilegal que los militares sacaran a Zelaya de su residencia y lo llevaran a Costa Rica y que el Congreso nombrara para sustituirlo al entonces presidente del legislativo, Roberto Micheletti.
Recordó que el Congreso carece de atribuciones para destituir al Presidente de la República o para nombrar a un sustituto, por lo que la asignación interina de Micheletti fue ilegal y dirigió un Gobierno de facto.
La Comisión aseguró que en la represión que siguió al golpe, fuerzas policiales y militares mataron al menos a 12 personas utilizando desproporcionadamente sus armas de fuego y gases tóxicos y que otros ocho opositores fueron asesinados selectivamente por agentes del Estado.
La CVR, instalada por el Gobierno del presidente Porfirio Lobo el 5 de mayo de 2010, dijo haber recibido también testimonios de la violencia y destrucción de bienes públicos y privados durante las manifestaciones convocadas por organizaciones afines al presidente Zelaya.
El informe final de la CVR fue presentado ante los presidentes de los tres poderes del Estado, alcaldes, funcionarios, empresarios, medios de comunicación y miembros de la sociedad civil de Honduras.
Otra entidad de carácter no gubernamental, denominada Comisión de Verdad (CVD), creada el 28 de junio de 2010 por defensores de los derechos humanos y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), dará a conocer otro informe con resultados seguramente diferentes en el último trimestre de 2011, según se anunció.
(Prensa Latina. 07.07.2011)
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