miércoles, 22 de diciembre de 2010
martes, 14 de diciembre de 2010
Imagina lo que piensan ellos...
viernes, 10 de diciembre de 2010
Deben ser...deben ser
Hace rato leí ese excelente libro de Feinmann; si no me equivoco, es en él donde explica la reducción del otro al estatuto del objeto, dándole así el permiso para cualquier aberración, porque el otro dejó de ser humano, pasó a ser "el boliviano que le saca la comida y el trabajo a los argentinos".
Veo venir, por derecha, una embestida muy importante ligada al racismo y la xenofobia, porque a Macri, si no se agarra de esto, se le derrumba el mundo, no por cuestiones ideológicas, sino por inútil. Creo yo que se va a poner en el lugar del único que se opone a que este gobierno siga importando pobres de países limítrofes, y esto, en CABA, lamentablemente siempre va a tener simpatizantes.
(Extraído del blog http://loshuevosylasideas.blogspot.com/)
lunes, 6 de diciembre de 2010
Haití: "La primera víctima es la verdad"
miércoles, 1 de diciembre de 2010
¿Otra forma de Periodismo?
(Extraído del Blog señales: http://seniales.blogspot.com - nos han han robado la "ñ", cono!- )
Debate Wikileaks: ¿Periodismo sin periodistas?
La publicación de los 'papeles de Afganistán' por Wikileaks abre debates sobre la información sin filtros. Poner vidas en riesgo es uno de los tabúes rotos
Por: Mariangela Paone, Cristina Galindo La publicación en 1971 de 7.000 documentos secretos sobre la guerra de Vietnam desató uno de los mayores escándalos políticos de Estados Unidos y dio lugar a una apasionante controversia en torno a la libertad de expresión y la seguridad nacional. Cuatro décadas después, otra información sobre otro polémico conflicto, el de Afganistán, vuelve a abrir el debate sobre los límites de la información. Y no solo por el contenido difundido, sino por la forma en la que ha llegado a conocerse. Desde que The New York Times, The Guardian y Der Spiegel publicaron a finales de julio la noticia de 76.000 archivos secretos del Pentágono relacionados con el conflicto afgano y recibidos un mes antes en sus redacciones, la atención se ha centrado en el emisor principal de la información: el portal Wikileaks, que desde hace tres años publica en su web documentos reservados en nombre de la libertad de información, lo que le ha garantizado el apoyo de las organizaciones que abogan por la transparencia y luchan por desvelar los trapos sucios de los Gobiernos. Hasta ahora. Tras la publicación de los papeles de Afganistán, Wikileaks ya no solo se enfrenta a las críticas oficiales por la siempre temida amenaza a la seguridad nacional; el 10 de agosto, cinco ONG -entre ellas Amnistía Internacional- pidieron a la web que borrara de los documentos los nombres de los afganos que colaboran con la OTAN y que pueden ser víctimas de represalias. ¿El portal tiene las "manos manchadas de sangre", como le acusa el Pentágono, o está ejerciendo la libertad de información, como defienden sus gestores? ¿Hasta qué punto se puede llegar en el uso de la información? El debate, tan antiguo como la existencia misma del periodismo, asume connotaciones completamente distintas en la época de Internet. "Nosotros apoyamos la labor de Wikileaks en el sentido de que creemos que todo material clasificado debe publicarse, pero hay que tener en cuenta siempre que no ponga en riesgo a las personas. La libertad de información tiene que ser la máxima posible. Pero existen unos límites y, si se traspasan, se pueden vulnerar los derechos humanos. En casos de conflicto, nuestro principal objetivo es defender los derechos de la población, de los individuos", comenta Miguel Ángel Calderón, de Amnistía Internacional, organización cuyas críticas han llamado más la atención en esta polémica, ya que en 2009 premió a Wikileaks por sacar a la luz informes sobre las matanzas de Kenia. "Esos documentos en ningún momento vulneraban los derechos de las víctimas u otros individuos inocentes, sino que servían para denunciar un hecho", justifica Calderón. Tras publicar los papeles de Afganistán, Wikileaks, que se ha limitado a difundir los documentos en bruto, sin editar ni omitir ningún dato, ha recibido todo tipo de críticas. No fue así con el vídeo difundido el pasado abril por la misma web en el que se demostraba la matanza de 11 civiles iraquíes abatidos en Bagdad, en julio de 2007, por un helicóptero estadounidense. Entre ellos se encontraban dos trabajadores de la agencia Reuters. La información recibió el aplauso de medio mundo. Hasta Reporteros sin Fronteras colgó el vídeo en su web. "Era material de interés público", explica Benoit Hervieu, portavoz de la organización, que ha sido en las últimas semanas una de las voces más críticas a la hora de denunciar la irresponsabilidad de Wikileaks por publicar los nombres de los colaboradores afganos. "Puede parecer sorprendente que Reporteros sin Fronteras, dedicada a la defensa de la libertad de prensa, critique con severidad la irresponsabilidad o más bien la imprudencia de Wikileaks. Pero hay una responsabilidad de los medios de comunicación sobre informaciones extremadamente sensibles como esta que pueden poner en riesgo la vida de las personas", manifiesta Hervieu, que explica así por qué para su organización no se trata de una contradicción: "Por supuesto que apoyamos a Wikileaks cuando hace públicos documentos sobre la guerra y los abusos cometidos. Si mañana Wikileaks difunde un vídeo sobre actos de torturas en Afganistán, claro que es interesante. Pero la pregunta es en qué medida era útil revelar los nombres de los colaboradores afganos". El interés público no era en este caso evidente, según coinciden los expertos. Y ese es uno de los criterios utilizados por los periodistas a la hora de seleccionar y manejar una información. "Decidir si publicar o no información secreta siempre es difícil, y después de haber considerado los riesgos y el interés público, en algunos casos decidimos no publicar. Pero hay veces en que la información es de interés público significativo, y esta es una de ellas", se lee en la nota con la que The New York Times acompañó los artículos sobre los papeles de Afganistán, el pasado 25 de julio. Wikileaks filtró los documentos a este y otros dos medios un mes antes de publicarlos en su web. Durante esas cuatro semanas, periodistas de esos medios contrastaron las informaciones y decidieron no publicar la información que consideraron más comprometedora, como los nombres de los colaboradores afganos, excepto los de los funcionarios, y otras informaciones que podían poner en riesgo las operaciones militares. "La decisión sobre la publicación se tomó tras una intensa discusión", explicó el director del periódico, Bill Keller. "Estudiamos el material para intentar establecer su importancia y credibilidad", afirmó. "Las maneras en las que Wikileaks y los periodistas profesionales tratan estos documentos son muy distintas. Los reporteros tienen que decidir si los documentos son de interés público, si ponen en riesgo a alguien o cuáles serán las consecuencias. Para Wikileaks, lo importante es publicar la información sin tener en cuenta las consecuencias. Esto es peligroso", afirma Joyce Barnathan, presidenta del Centro Internacional de Periodismo (ICJ, en sus siglas en inglés), organización estadounidense que promociona el periodismo de calidad. Para ella, el trabajo que hizo The New York Times con el material de Wikileaks es lo que marca la diferencia entre "un trabajo periodístico y lo que hace Wikileaks: conseguir documentos y colgarlos". Pero la presidenta del ICJ reconoce que el problema es que, aunque no es una organización periodística, Wikileaks produce información. "Ellos destapan informaciones importantes. Y la tecnología permite a cada vez más personas con distintos puntos de vista que puedan utilizar la información como quieran sin tener que contextualizar", afirma. Sin hacer, en definitiva, el trabajo editorial de selección y gestión del contenido y de las fuentes que hace una organización periodística. Así que, según Barnathan, la gran cuestión es: ¿qué es periodismo hoy?, ¿qué es periodismo si hay organizaciones como Wikileaks que producen información, pero como más de una vez ha reiterado Julian Assange, fundador del portal, no se consideran periodistas? "Para nosotros, los periodistas son los que hacen y producen información. Una definición amplia", manifiesta Hervieu, de Reporteros sin Fronteras. "Si la información es importante y si Assange la considera importante, hay que asumir una responsabilidad periodística. Además, lo curioso es que el fundador del portal dice que Wikileaks no es una organización periodística pero reclama el beneficio de la protección de las fuentes", añade Hervieu. Quien no tiene duda sobre el hecho de que lo que hace Wikileaks es periodismo es John Pilger. Este veterano de las investigaciones controvertidas, corresponsal de guerra en Vietnam y Camboya, define Wikileaks "como uno de los más importantes y excitantes desarrollos del periodismo". Para Pilger, muy crítico con los medios dominantes, la forma en que actúa el portal no solo es correcta, sino que demuestra que "el periodismo corporativo occidental está en crisis, tras haber colaborado en algunos casos con los Gobiernos en guerras ilegales". Sin compartir el entusiasmo de Pilger, Wally Dean, periodista y miembro del Comité de Periodistas Comprometidos, un grupo de periodistas, editores, propietarios y académicos preocupados por el futuro del periodismo, con sede en Washington, opina que "el producto que hace Wikileaks es esencialmente periodístico". Según Dean, una razón es que "toma decisiones editoriales, como aceptar documentos que alguien le ofrece y, presumiblemente, verificar la fuente, determinar si es auténtica". Si bien, añade, "ahí paran". A partir de ahí, Dean se muestra más crítico con la difusión de los papeles afganos: "Como los médicos, los periodistas deberían evitar siempre causar daño. Y no se puede asegurar que la difusión por parte de Wikileaks de documentos militares clasificados no lo haya causado. Simplemente, no lo sabemos". No todos comparten la opinión de que quien publica información tenga que respetar los mismos criterios que corresponden al periodismo, que tengan que asumir las mismas responsabilidades. "¿Los principios de la ética periodística tienen que aplicarse a todos? No, es imposible. Son las organizaciones periodísticas las que tienen que diferenciarse de gente como Wikileaks", dice Joshua Benton, director del Nieman Journalism Lab, un grupo de estudio de la Universidad de Harvard sobre el futuro del periodismo de calidad en la época de Internet. Benton considera que la existencia de Wikileaks es "el ejemplo de la liberación de las fuentes en los tiempos de Internet". Tiempos en los que las restricciones no tienen mucho sentido: "Si se para Wikileaks siempre habrá alguien que encontrará otras vías para publicar la información". Benton dice sentirse más comodo en un mundo en el que existen ofertas como las de Wikileaks, "que es una fuente más". Los periódicos pueden decidir ignorarla o hacer lo que han hecho The Guardian y The New York Times: "Utilizar el material aplicando los criterios que han utilizado siempre". Según Benton, las críticas que han llegado de los medios de comunicación tradicionales se deben a una "reacción emocional y de protección profesional". Una reacción parecida, según él, a la que se ha tenido con los blogs y Twitter. "Y ahora todos los periódicos los utilizan". Para Manuel Núñez Encabo, presidente en funciones de la Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y catedrático de Ciencias Jurídicas de la Universidad Complutense de Madrid, la cuestión no es tan sencilla. "Se trata de un tema que es necesario debatir en el marco de los contenidos que se dan a través de los medios, sea cual sea el soporte. No cabe duda de que Wikileaks tiene un aspecto positivo: dar informaciones que los poderes públicos no siempre quieren dar. Toda la información tiene que ser de interés general y en este caso lo es. Pero, además, debe cumplir dos condiciones indispensables: veracidad y respeto a los derechos fundamentales de la persona", dice Núñez, que duda que informaciones como la de los papeles de Afganistán cumplan estos requisitos. "El de los nuevos formatos de información y cómo se vinculan con el periodismo es un debate no resuelto. Los periodistas, como transmisores tradicionales de información, son fundamentales, porque garantizan la calidad de las noticias, sea cual sea el formato y las fuentes". El experto advierte que, sin ciertos límites, se corre el riesgo de "entrar en una etapa de torre de Babel en la que la gente que más grita es la que más se ve, y en la que hay un mayor riesgo de manipulación". Una torre de Babel que podría despertar, según la directora del ICJ, Barnathan, la tentación de los Gobiernos de imponer cada vez más restricciones: "En Estados Unidos creemos que la autorregulación es la mejor forma de gestionar la libertad de prensa. Pero actuaciones como la de Wikileaks suscitan la pregunta de cómo controlar todo esto". Una máquina de primicias Papeles de Afganistán. El pasado 25 de julio, The New York Times, The Guardian y Der Spiegel publican la noticia de 76.000 archivos secretos obtenidos por Wikileaks y que detallan el día a día de la guerra en Afganistán desde 2004 a 2009. Daños colaterales. El pasado abril, Wikileaks difunde el vídeo de la matanza de 11 civiles iraquíes abatidos en Bagdad, en 2007, por un helicóptero estadounidense. El Pentágono tuvo que abrir una investigación. Los secretos de Dutroux. En 2009, Wikileaks publica información confidencial del expediente del pederasta Marc Dutroux, incluidos teléfonos, cuentas bancarias y direcciones de implicados en el caso. El padre de una de las víctimas ha criticado la difusión del material. El caso Trafigura. En 2009, publicó un informe sobre Trafigura (empresa del sector de la energía) un mes después de que un juez ordenara que el material, obtenido por The Guardian, se mantuviera secreto. Según el informe, Trafigura pagó a una empresa de Costa de Marfil para deshacerse de 400 toneladas de gasolina. Las matanzas de Kenia. En julio de 2009 Amnistía premió a Wikileaks por denunciar ejecuciones extrajudiciales en Kenia.
Cosas del destino
Wake up!
martes, 30 de noviembre de 2010
La libertad de empresa, según los 5 grandes...diarios
Digging in the dirt
lunes, 29 de noviembre de 2010
AJUSTE y POBREZA EN ESTADOS UNIDOS
POBREZA EN ESTADOS UNIDOS
También Estados Unidos opta por reducir salarios y ajustar a los más pobres. No importa que en el año 2009, la cantidad de pobres haya crecido de manera significativa hasta alcanzar la cifra de 43,6 millones. Ofrecemos dos notas, la primera sobre este avance de la pobreza y la segunda sobre el congelamiento de salarios para los agentes públicos por 2 años, excepto para los militares:
Estados Unidos alcanzó en 2009 la mayor cifra de pobres registrada hasta el momento, 43,6 millones de personas (uno de cada siete habitantes), que viven en condiciones de escasez económica, según informó este jueves la Oficina del Censo. Los datos revelan que los estragos de la crisis financiera en la primera economía mundial hizo escalar el número de pobres hasta niveles superiores a los registrados en 1959, cuando se comenzó a elaborar el censo y la cifra rozaba los 40 millones.
En términos proporcionales, la pobreza afecta al 14,3 por ciento de la población, un índice que no se alcanzaba desde 1994 y que muestra un aumento significativo en el plazo de un año, ya que en 2008 esta tasa se situaba en el 13,2 por ciento de la población.
Pese a lo alarmante de los datos, el índice de pobreza publicado este jueves no se ajustó a las peores previsiones de los expertos, que habían pronosticado una tasa del 15 por ciento. Poco después de publicarse estas cifras, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo en un comunicado que «una recesión histórica no tiene por qué traducirse en un aumento histórico en la inseguridad económica de las familias». «Incluso antes de la recesión, el número de pobres en Estados Unidos ya era inaceptablemente alto, y los datos publicados hoy muestran que nuestro trabajo no ha hecho más que comenzar», dijo el presidente, que subrayó la importancia de sus medidas de estímulo económico para alejar a «millones de estadounidenses» de la pobreza.
Obama mostró su confianza en que la reforma sanitaria suponga avances en el porcentaje de personas sin seguro médico, una de las prioridades que se marcó al llegar a la Casa Blanca. En 2009, cuando la reforma aún se debatía en el Congreso, el número de personas sin cobertura médica creció de 46,3 a 50,7 millones, el 16,7 por ciento de la población, según los nuevos datos publicados hoy.
El Censo también dio a conocer la evolución de los ingresos medios de los estadounidenses, necesaria para valorar el índice de pobreza, ya que el Gobierno considera pobres a las familias de cuatro personas que ganan menos de 22.000 dólares al año.
Según las estadísticas, el aumento del nivel de pobreza no respondió de forma directa a un descenso brusco de los ingresos familiares medios, puesto que estos se situaron en 49.777 dólares anuales, prácticamente la misma cifra que el año anterior. Sin embargo, no todos los grupos demográficos mantuvieron su renta: la población negra la vio reducida un 4,4 por ciento, mientras que los blancos ingresaron un 0,5 por ciento menos.
En cambio, los hispanos aumentaron sus ingresos un 0,7 por ciento, hasta alcanzar una media del 38.039 dólares anuales, y los asiáticos, los que más ganaron en 2009, facturaron un 0,1 por ciento más.
El jefe de la Oficina del Censo, David Johnson, matizó en una conferencia de prensa que el recuento de ingresos se produce antes de impuestos, y que no refleja el impacto de programas gubernamentales como los cupones para alimentos, por lo que trabajan para desarrollar una nueva herramienta de medición «más precisa».
Johnson señaló que la mayor tasa de pobreza está «sin duda» relacionada con la escalada del desempleo en el país, que se encuentra en el 9,6 por ciento, pero apuntó también al número de personas sin seguro médico, el más alto desde 1987, como «problema urgente». «Mientras que el número de personas con seguro médico privado o financiado por sus empresas disminuyó en 2009, el de aquellas suscritas a un programa de seguro gubernamental aumentó hasta el 30,6 por ciento», destacó el experto, que aseguró que la pérdida de empleos ha tenido mucho que ver en este panorama.
Al margen de las mediciones de ingresos, uno de los grupos más vulnerables al aumento de la pobreza en el país fueron los niños estadounidenses: 15,5 millones de menores de 18 años, casi uno de cada cinco, vivían en la pobreza en 2009.
Servicios de Long Island Al Día
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AJUSTE EN ESTADOS UNIDOS
Obama congela los salarios públicos
El presidente estadounidense propuso congelar los sueldos de los empleados públicos civiles federales durante los próximos dos años, con el objetivo de reducir el déficit y la deuda pública. La iniciativa no incluye los salarios de los militares.
La iniciativa, de la que están excluidos los militares, se traducirá en un ahorro de 2000 millones de dólares en el año fiscal 2011, 28.000 millones de dólares en los próximos cinco años y más de 60.000 millones de dólares en diez años.
"A causa de la irresponsabilidad de la última década, el presidente ha heredado un déficit de 1,3 billones de dólares y una crisis económica que ha amenazado con arrastrar al país a una segunda Gran Depresión", indicó la Casa Blanca al hacer pública la propuesta.
Obama hizo el anuncio un día antes de su reunión con líderes de los demócratas y los republicanos para analizar los puntos principales de su agenda legislativa.
La visión de Paul Krugman sobre el rescate bancario en Irlanda
jueves, 25 de noviembre de 2010
Minería: un debate necesario
Minería y sociedad, un debate ejemplar
Sergio Carpenter* - Especial IADE / Realidad Económica
Publicado el 25/10/2010
Esa cordillera esplendorosa, esa fecunda roca vertical andina está en el centro del debate público. Es que enormes inversiones privadas extranjeras han puesto el ojo allí con un decidido interés por arrancar sus frutos y llevarlos al mercado. La contrapartida es una creciente expresión ciudadana que parecerá decirle no a la minería o más bien no a cierta mega minería. La reciente sanción de la ley de Glaciares parece ir en la misma dirección. Otra muestra del interés público por el tema lo constituye la organización del Foro Minería y Sociedad organizado por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que comenzó a realizar actividades durante este año y cuyo nudo central tuvo lugar entre el 14 y el 15 de octubre último(1). Esa universidad aceptó los dineros distribuidos por YMAD derivados de la obtención de ganancias por la explotación aurífera de La Alumbrera en Catamarca, pero condicionados a que los fondos fueran utilizados con exclusividad al fomento del debate minero. Y así lo hicieron.
“Valiente” es el primer adjetivo que le cabe al Rector de la UNSJ Benjamín Kuchen y a la Comisión Organizadora del Foro(2), que sufrieron el ninguneo de los medios de comunicación y la orquestación de diversas campañas en contra de su realización. Pero a pesar de ello se aseguró el éxito organizativo de la actividad que contó con la presencia de profesionales e intelectuales de renombre nacional e internacional. Se coloca así a la universidad pública en un rol fundamental, ser una caja de resonancia de las distintas visiones y disciplinas que intervienen en una temática con alto voltaje público. En San Juan, la universidad es un ejemplo a emular por sus pares nacionales.
La Minería a Cielo Abierto es un fenómeno relativamente reciente, que se abre camino esencialmente desde la década de los 70. El avance tecnológico posibilitó la explotación de minerales presentes en bajas concentraciones. La minería del oro lo hace utilizando cianuro, agua y energía en forma intensiva, además de enormes cantidades de explosivos. En América latina, existe una oleada de inversiones mineras que focalizan el objetivo en los metales y también en minerales necesarios en las industrias tecnológicas, de telecomunicaciones.
La expansión de las inversiones en la Argentina necesitó de importantes cambios en su legislación. Esto lo hizo posible el gobierno de Carlos Menem, que modificó el código minero e impulsó la ley de inversiones mineras. Si se compara dicha legislación con la impulsada en 1973, resalta el sesgo privatizador propuesto para la actividad en los noventa. En la Argentina, además, se aprobó el Tratado Minero Argentino Chileno firmado por los presidentes Menem y Frei en 1997, entelequia jurídica de carácter único en el mundo. Julián Alcayaga(3) remarca las características de dicho acuerdo: “crea una región de más de cuatro mil kilómetros de largo por 200 de ancho, en donde ni argentinos ni chilenos tienen jurisdicción. Es el reinado de las corporaciones mineras internacionales con intereses en nuestra cordillera, es el país virtual”. Denuncia, además, el reconocimiento que efectuó el principal abogado de la minera Barrick Gold -omni presente en el San Juan de hoy- en una comida en donde asistió en calidad de asesor del ex senador chileno Jorge Lavandero: “nosotros hicimos el Tratado”. El boom de proyectos mineros que hay en la Argentina fue precedido por la compra de numerosas minas a bajo precio, con anterioridad a la firma del Tratado. Es inmediato deducir uso de información privilegiada. Sin embargo, Alcayaga enfatiza que el principal objetivo del tratado minero no se está cumpliendo, puesto que en un dictamen del Tribunal Constitucional de Chile se prohíbe expresamente la servidumbre hacia el Pacífico de minerales con origen en Argentina.
El peruano Rodrigo Ruiz Rubio dejó atónitos a muchos de los presentes al mostrar un video de un discurso de Alan García abogando por la concesión de tierras a las empresas mineras y petroleras. Y más aún cuando desplegó los mapas que identifican las zonas efectivamente privatizadas del Perú: 49 millones de hectáreas. Increíble pero cierto. El mexicano Gian Carlo Delgado Ramos explicó el porqué de tanta avidez, desde una perspectiva latinoamericana. Lo que está en juego es la transgresión de los límites biofísicos, de la mano de un modelo extractivista de enclave, donde el “negocio” no se queda en nuestras tierras sino en las economías desarrolladas. El contexto es un patrón de acumulación de capital que exige que los ciclos de consumo sean cada vez más rápidos, y por ende exigen más y más minerales.
El desarrollo fue tema también de debate. Nicolás Gutman identificó tres modelos mineros: el australiano, el brasileño o chino; y el del Perú o de la Argentina. El primero, con cánones impositivos elevados e identificación de los destinos de dichos fondos; el segundo, con fuertes empresas mineras nacionales; y el tercero, con empresas extranjeras y bajo o nulo pago de impuestos. En este último caso, prácticamente no hay control estatal. En la Argentina, el pago de impuestos y las mal llamadas “regalías” (a las provincias) es sumamente bajo, existiendo frondosos mecanismos de excepciones y ventajas a los inversores mineros que no tiene parangón respecto de cualquier otra actividad. El Ing. Héctor Cevinelli(4) presentó un detalle de las mismas, recalcando que “las leyes de inversiones mineras son benévolas para los capitales externos” y que ello debería modificarse “no para que no haya minería sino para que quede una renta justa para la Argentina”. Por lo demás, varios expositores hicieron mención a dos hechos característicos e insólitos: los impuestos se pagan sobre la base de la producción que resulta denunciada por medio de una declaración jurada de las compañías mineras. La segunda cuestión refiere al levantamiento de la obligación de liquidar las divisas en el país. Gutman agrega que ello, combinado con que los bienes de capital son importados, da como resultado que el nivel de exportaciones resulta irrelevante, es un valor que prácticamente no aporta al país más que el pago de salarios a los trabajadores argentinos. “Esto es lo más parecido a Potosí”.
Pero no todo fue crítica. Para Hugo Nielson(5) el negocio minero representa una oportunidad para la Argentina. El argumento está basado sobre que es una actividad que genera “desarrollo” y que el mundo observa un aumento fenomenal en el precio de los metales que el país debe aprovechar ya, atento a la incertidumbre en el precio de los mismos. La actividad generaría hoy unos 300.000 puestos de trabajo, esto contando el empleo indirecto. Marcelo Giraud(6) me hace unas preguntas al respecto: ¿cómo se realizó dicho cálculo? Si Chile, que produce 8 veces más, declara unos 165.000 trabajadores, algo no cierra. A Gutman también le llama la atención esa cifra y otras por el estilo publicadas recientemente en una solicitada de las cámaras empresariales mineras “si se contabiliza hasta el catering de empanadas que suben a la mina, las cifras puede ser cualquier cosa”.
“La minería trata de dinero y de poder” soltó al auditorio Robert Moran, Geoquímico e Hidrogeólogo estadounidense de reconocimiento mundial, en una de las más destacadas intervenciones en el Foro. Una ciudadanía informada y conciente de las consecuencias mineras puede limitar ese poder. Hizo un recorrido fotográfico de su experiencia en cientos de establecimientos mineros. El corolario de su muestra denuncia a las claras las dificultades ambientales que tiene la minería. Javier Rodríguez Pardo le preguntó sobre las consecuencias del cianuro, a propósito de un intercambio de opiniones con el Ing. Bellini(7), quién se quejó de que el primero sacó de contexto una afirmación suya respecto de la imposibilidad de tratamiento residual del cianuro, aunque con un argumento difuso. Moran confirmó que a pesar de que es posible controlar sus efectos inmediatos, sus consecuencias son eternas.
Otro aspecto medular a las explotaciones megamineras se vincula con el problema del agua. En otra destacada exposición, el experto Pedro Arrojo(8), sostuvo que “en materia de aguas, es preciso distinguir distintas categorías éticas en los diversos usos y funciones del agua, estableciendo los pertinentes criterios de gestión desde la prioridad de garantizar el derecho humano al agua potable y la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, como agua-vida, por encima del agua-economía para usos productivos legítimos”. También arguye que “la ciencia económica viene insistiendo en la necesidad de integrar los impactos y riesgos ambientales y sociales en los balances de racionalidad y rentabilidad económica. No hacerlo es beneficioso para las empresas implicadas, pero sobre la base de cargar esos costes sobre el erario público, sobre las poblaciones y especialmente sobre los sectores sociales más débiles y vulnerables”. También dejó traslucir cierto optimismo al decir que “la finitud del planeta se impondrá sobre los delirios productivistas”.
Otras exposiciones, como la del abogado Enrique Viale, con solvencia en el derecho ambiental, y la de Javier Rodríguez Pardo, de reconocida militancia ambientalista, contribuyeron a enriquecer el abanico de voces que hay que escuchar en la temática. La peruana Ana Isla, investigadora de la Brock University de Canadá, mencionó que ese país es la casa matriz de las compañías mineras y petroleras más importantes. Puntualiza que existe una ausencia de un sistema global regulador de la actividad que haga que las compañías se responsabilicen por sus operaciones, sobre todo en países con gobiernos débiles. Lamentablemente, Canadá tampoco tiene el deseo de regular dichas operaciones, que se caracterizan, entonces, por un clima de “impunidad efectiva”.
La sensación que nos queda finalmente, es que la temática minera supera ampliamente la dicotomía si/no a la minería. Hoy, el modelo minero de la Argentina parece sesgado hacia los intereses de las grandes corporaciones mineras, cuyo poder en muchos casos va por encima de los poderes republicanos. En el mismísimo Foro se comentó el “basureo” sufrido por un Juez de la provincia de San Juan en su intento de ingresar al territorio de la mina Veladero. Pudimos escuchar las peripecias de los abogados de la Fundación de Ciudadanos Independientes en su intento de años y años por conseguir información sobre dicha mina, aun infructuosos; o a los agricultores y viñateros planteando la incertidumbre sobre su actividad. Delgado Ramos mencionó una ola de asesinatos de autoridades políticas y militantes sociales en México, opositores al poder de las empresas mineras. En Realidad Económica N° 247 , dos jóvenes investigadores argentinos muestran la matriz minera en el golpe de estado que destituyó al presidente de Honduras, quién tenía la decisión de aumentar el canon minero. Algo parecido le ocurrió recientemente a Kevin Rudd, ex Primer Ministro de Australia, a quién su férrea intención de cobrar mayores impuestos a la actividad le costó su elevado cargo político. En fin, un sin número de ejemplos que no hacen más que inspirar un enorme desafío: determinar un rediseño de la actividad para hacerla consecuente con los intereses nacionales y particularmente con los intereses ciudadanos. La riqueza minera debería ayudar al desarrollo del país, meritando los impactos económicos, sociales y ambientales que trae aparejada la actividad. Si el saldo de esos impactos es negativo, mejor será que quede “dormida” bajo nuestros pies esperando un mundo que ya no la necesite, un mundo menos consumista, más altruista.
Notas
1 Ver http://www.mineriaysociedad.unsj.edu.ar/
2 Dicha comisión verificó varias “bajas” de integrantes. Ver http://www.mineriaysociedad.unsj.edu.ar/integrantes.php
3 Presidente de la Comisión en Defensa y Recuperación del Cobre (Chile).
4 Profesor de la UNSJ.
5 UNSAM, Secretario General de OLAMI Internacional y OLAMI Argentina.
6 Geógrafo. Disertante junto a César Gioja en la primer actividad del Foro (8/6/10). Sus puntos de vista pueden ser consultados en Realidad Económica Nº 248.
7 Vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ.
8 Universidad de Zaragoza. Desde el 2009, dirige la Exposición “Agua, Ríos y Pueblos”. Miembro del Consejo del Agua de la Cuenca del EBRO y del Comité MAB - UNESCO.
*Lic. en Economía. Presidente del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico
miércoles, 24 de noviembre de 2010
Ahora es el turno de Irlanda
lunes, 15 de noviembre de 2010
Fin de Fiesta
miércoles, 10 de noviembre de 2010
Perdió la Democracia
Perdió la democracia
Por Amy Goodman *
Al cierre de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el mayor ganador aún no ha sido declarado, a saber: los grandes medios de comunicación. El mayor perdedor, mientras tanto, ha sido la democracia. Estas fueron las elecciones legislativas de mitad de mandato más caras en la historia de Estados Unidos: costaron casi cuatro mil millones de dólares, de los cuales tres mil millones se gastaron en publicidad. Me pregunto qué pasaría si el tiempo publicitario para las campañas fuera gratuito. No se oyen debates al respecto, y no se oyen porque las corporaciones que manejan los medios masivos de comunicación obtienen inmensas ganancias con los avisos publicitarios de las campañas políticas. Sin embargo, las ondas radioeléctricas que los medios utilizan para emitir sus señales son públicas.
Esto me recuerda el libro escrito en 1999 por el especialista en medios de comunicación Robert McChesney: Rich Media, Poor Democracy (Medios ricos, democracia pobre). En su libro, McChesney escribe: “Los medios tienen poco incentivo para brindar cobertura a los candidatos ya que resulta de su interés forzarlos a publicitar sus campañas.”
El grupo de investigación Wesleyan Media Project, de la Universidad Wesleyan, hace un seguimiento de la publicidad política. Tras el reciente fallo de la Corte Suprema en el caso Citizens United contra la Comisión Federal Electoral por el cual se autoriza a las grandes corporaciones a destinar sumas ilimitadas de dinero a la campaña publicitaria de los candidatos, el proyecto hace notar que “el tiempo de aire destinado a publicidad se ha saturado de anuncios relacionados con la Cámara de Representantes y el Senado, que ocupan hasta un 20 y un 79 por ciento respectivamente del total de tiempo de aire”.
Evan Tracey, fundador y presidente del grupo de análisis de campañas publicitarias Campaign Media Analysis Group, predijo el pasado mes de julio en declaraciones para el periódico USA Today que “habrá más dinero que espacio de aire que comprar”. Por su parte, John Nichols, del semanario The Nation, comentó que en los amables primeros tiempos de la publicidad política televisiva, los canales de TV nunca habrían emitido el aviso a favor de un candidato a continuación de un aviso publicitario en contra de ese candidato. Pero no están tomando en cuenta el patrimonio ligado a los grandes medios. Bienvenidos al “mundo feliz” de las campañas de miles de millones de dólares.
En el pasado ha habido intentos de regular el uso de las ondas radioelétricas para que estén al servicio de la población durante las elecciones. En los últimos años, el intento más ambicioso fue el que se conoce como “Reforma del financiamiento de las campañas electorales de McCain-Feingold”. Durante el debate sobre esta histórica legislación, tanto demócratas como republicanos hicieron referencia al problema de las exorbitantes tasas de publicidad televisiva. El senador por Nevada John Ensign, republicano, se lamentaba: “Las emisoras no querían ni pensar en las campañas electorales porque era el momento del año en que ganaban menos dinero debido a la baja tasa unitaria que existía durante ese período. Ahora es uno de sus momentos preferidos ya que, de hecho, es uno de los momentos del año con más amplio margen de ganancias”. Finalmente, para que el proyecto de ley fuera aprobado, se omitieron las cláusulas referentes al “tiempo público de aire”.
El fallo en el caso de Citizens United neutraliza eficazmente la Reforma del financiamiento de las campañas de McCain-Feingold. Ni imaginemos lo que se gastará en las elecciones presidenciales de 2012. El senador por Wisconsin Russ Feingold perdió la oportunidad de ser reelegido en su disputa contra el prácticamente autofinanciado multimillonario Ron Johnson. El editorial del periódico Wall Street Journal celebró la esperada derrota de Feingold. El periódico es propiedad de la corporación News Corp., de Rupert Murdoch, que posee además la cadena de televisión Fox y que donó casi dos millones de dólares a la campaña de los republicanos.
“Las elecciones se han convertido en un bien comercial, un centro de ganancias para estas radios y canales de televisión”, me dijo el día de las elecciones Ralph Nader, defensor de los consumidores y ex candidato a presidente. Me dijo además: “Las ondas públicas, como sabemos, pertenecen al pueblo. El pueblo es el propietario y las cadenas de radio y televisión son las titulares de las licencias para usar esas ondas, digamos que son como inquilinos. Sin embargo, para obtener su habilitación anual, no pagan nada a la Comisión Federal de Comunicaciones. Así, resultaría bastante persuasivo, si tuviéramos políticas públicas que impusieran módicas condiciones para obtener la habilitación que permite a estas cadenas de radio y televisión acceder al inmensamente lucrativo control de las ondas públicas 24 horas al día, podríamos decirles que como parte del intercambio por controlar estos bienes comunes, por decirlo de alguna manera, deben destinar cierta cantidad de tiempo, tiempo gratuito, en la radio y la televisión a los candidatos electorales”.
Este tema debería ser puesto en debate en los grandes medios de comunicación, dado que en ellos obtiene información la mayoría de los estadounidenses. Pero las emisoras de radio y televisión tienen un profundo conflicto de intereses. En su orden de prioridades, sus ganancias están antes que nuestro proceso democrático. Seguramente no oiremos hablar de este tema en los programas de entrevistas políticas de los domingos por la mañana.
* Conductora del noticiero internacional Democracy Now! Denis Moynihan colaboró con esta columna. Traducción de Fernanda Gerpe.
martes, 9 de noviembre de 2010
Ningún adorno cabe en el infierno
Dos notas acerca de uno de los otros
Sueño de uno, pesadilla de muchos




